El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano (PP), de 51 años, fue destituido ayer, horas después de ser detenido en su domicilio por sus propios subordinados en el marco de una operación en la que se investigan adjudicaciones irregulares a la empresa de extinción de incendios Avialsa T-35 entre 2008 y 2010, durante su etapa como conseller de Gobernación y Justicia. Castellano ha sido suspendido de militancia en el PP de modo cautelar.
Junto al ya exdelegado, uno de los personajes más "incombustibles" del PP valenciano durante 15 años, fueron detenidas otras ocho personas, entre ellos el alcalde en funciones de la localidad de Quartell, el también popular Francisco Huguet, y el propio presidente de Avialsa T-35, el empresario Vicente Huerta. Huguet perdió las elecciones del domingo.
Castellano, que además de ser varias veces consejero ha sido secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, compareció ante el juez ayer por la tarde durante media hora. Fue en el Juzgado Número 1 de Sagunto, el que lleva la investigación, y a su salida no quiso hacer declaraciones.
El exdelegado del Gobierno, que fue el quinto de los nueve detenidos en comparecer, había llegado a la sede judicial en medio de una gran expectación mediática y tuvo que soportar abucheos y gritos.
La destitución de Castellano fue anunciada por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La vicepresidenta aseguró que el nombre de quien sustituya al destituido se conocerá en próximas fechas.
Desde octubre de 2014
La Fiscalía Anticorrupción investiga desde octubre de 2014 una presunta contratación irregular por parte de Castellano, quien adjudicó a Avialsa T-35 un contrato de 22 millones en 2010. Anticorrupción inició las diligencias desde Madrid, pero la investigación se llevó a cabo desde Valencia, donde los encargados de detener a Castellano han sido miembros de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) del Cuerpo Nacional de Policía, por orden del Juzgado de Instrucción Número 1 de Sagunto.
En octubre pasado, el grupo de IU en el Parlamento autonómico calificó de "escándalo monumental" que la empresa contratista, según informaciones de prensa, regalara en 2008 a Castellano un rifle semiautomático Browning de 1.861 euros. Ya en 2013, Castellano había tenido que dar explicaciones a raíz de unas informaciones sobre una cacería de patos en la que habría participado junto al presidente de Avialsa.
Castellano aseguró entonces que averiguaría por qué Avialsa T-35 tenía la factura del rifle y defendió que el arma la pagó él y que nadie se la regaló. Además, aseguró que Avialsa lleva gestionando los aviones de extinción de incendios de la Generalitat con todos los gobiernos autonómicos, y que las adjudicaciones se han hecho siempre de forma escrupulosamente legal.
Tras conocerse la detención y destitución de Castellano, el portavoz en el Congreso del Grupo Socialista, Antonio Hernando, aseguró que el caso trasciende de la Comunidad Valenciana y "le ha saltado en las narices" a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Hernando recordó que, en efecto, la vicepresidenta es la responsable política de los nombramientos de los delegados del Gobierno y, en el caso concreto de Castellano, se da además la circunstancia de que el PSOE preguntó hasta dos veces por escrito al Ejecutivo (octubre de 2014 y marzo de 2015) sobre las contrataciones irregulares en las que supuestamente está involucrado Castellano. Desde el Ministerio de la Presidencia, que dirige Sáenz de Santamaría, se negaron las dos veces esas irregularidades, resaltó Hernando, la última a principios del actual mes de mayo.
