El Tribunal Constitucional ha aceptado el recurso del Gobierno de Mariano Rajoy contra el decreto ley andaluz antidesahucios, que preveía la expropiación de viviendas vacías en manos de los bancos, y ha anulado los aspectos de esta norma que considera que invaden competencias exclusivas del Ejecutivo central. Así, la relativa a la "coordinación de la planificación general de la actividad económica". La sentencia, que cuenta con los votos particulares de cuatro magistrados, entiende que el decreto ley andaluz obstaculiza (con las expropiaciones) la eficacia de las medidas de política económica desarrolladas por el Gobierno. Aunque el TC acepta las razones de urgencia que expuso el ejecutivo andaluz para legislar en esta materia a través de un decreto ley, sí anula determinados preceptos de la norma porque restringen el derecho de propiedad, un ámbito que solo puede verse afectado por normas con rango de ley.
