La Fiscalía presentará hoy ante el Tribunal Superior de Cataluña una querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y la vicepresidenta Joana Ortega por sus responsabilidades penales en la votación del domingo sobre la independencia llevada a cabo pese a la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional. Se prevé que el Ministerio Público les impute delitos de desobediencia, prevaricación y malversación.
El Ministerio Público ultimaba ayer el borrador de la querella remitida por la Fiscalía General en el que aparecería como denunciada la consejera de Enseñanza, Irene Riga. La Fiscalía estudia si acusa al titular de Justicia, Germá Gordó, por las papeletas del 9-N, elaboradas por presos.
La querella no irá contra los responsables de los locales públicos (escuelas e institutos) donde se instalaron las urnas. La Fiscalía baraja varios delitos por las responsabilidades penales que podrían derivarse de la intervención de la Generalitat en la organización de la consulta. Entre ellos figura el de malversación de caudales públicos, dados los gastos ocasionados. El Ministerio Público cree que los miembros del Gobierno catalán contra los que se dirige su actuación habrían incurrido además en desobediencia por asumir el liderazgo de la consulta pese a que fue suspendida por el Constitucional, así como en prevaricación.
Contra los querellados se pedirían penas de inhabilitación, lo que de ser condenados impediría a Mas y a Ortega presentarse a elecciones. El fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, aseguró ayer que el Ministerio Público se pronunciará "sin ninguna precipitación" sobre el 9-N y añadió que "los tiempos de la Fiscalía y de la justicia no son tiempos políticos ni mediáticos".
"Estamos muy tranquilos, no hemos hecho nada ilegal. No nos intimidarán, si es lo que se busca, seguiremos adelante", dijo Artur Mas. CiU afirmó que la querella es "el símbolo de la desesperación del Estado", mientras las críticas llovían sobre Alicia Sánchez-Camacho (PPC) por anunciar con antelación las intenciones de la Fiscalía.
La querella de la Fiscalía podría acumularse con la denuncia de Manos Limpias pendiente de admisión. El Tribunal Superior deberá decidir si asume otras de formaciones políticas y particulares. El presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, dijo que la consulta fue suspendida por el TC y, pese a ello, "hubo algo parecido a una consulta".
