Dos de los tres cabecillas de la "trama Gürtel", Francisco Correa y Álvaro Pérez, "el Bigotes", se negaron ayer a declarar ante el juez Pablo Ruz, en su primera comparecencia ante el magistrado. El primero, considerado el líder, alegó que se había acogido a ese derecho por la "pérdida de confianza" en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que, a su juicio, debió "archivar" la causa después de la inhabilitación del primer instructor del caso, Baltasar Garzón.
Correa arguyó también otra razón para justificar su negativa a testificar ante Ruz, que les había citado para salvaguardar su derecho de defensa ante la inminencia del cierre de la instrucción: la validación de las escuchas que le hizo el exconcejal José Luis Peñas y que dieron lugar a la apertura del sumario.
Por su parte, el Bigotes, gerente de la empresa Orange Market y considerado cabecilla de la trama en la Comunidad Valenciana, alegó que no se le había notificado debidamente el auto de citación y explicó que había acudido "voluntariamente" a la Audiencia Nacional porque su abogada, Mercedes Alonso, se había enterado por los medios de comunicación, según fuentes jurídicas.
En la recta final de la instrucción del caso, Correa llegó a la sede del tribunal diez minutos antes del mediodía con aspecto relajado y sonriente a bordo de un BMW X5 conducido por otra persona. Vestido con chaqueta azul y corbata, incluso se dio la vuelta y posó saludando a los fotógrafos que le esperaban a las puertas del tribunal. A su salida, acompañado de su abogado, José Antonio Choclán, musitó la razón por la que no había declarado: "Pérdida de confianza".
El empresario, que fue detenido en febrero de 2009 por orden de Garzón y estuvo en prisión hasta junio de 2012, es, según los investigadores, el líder de la red, que entre los años 2000 y 2009 se dedicó a obtener adjudicaciones públicas, fundamentalmente en Madrid y la Comunidad Valenciana, a cambio de la entrega de dádivas y sobornos a funcionarios y cargos públicos.
Correa declaró por primera vez en la Audiencia Nacional el 9 de febrero de 2009, tres días después de que el juez Garzón ordenara su detención. En esa ocasión aseguró, entre otras cosas, que el entonces presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, participó en los trámites de una recalificación en Alicante y que el exministro de Fomento y ex secretario general del PP Francisco Álvarez-Cascos le "dio una cuenta en AENA". A su salida del juzgado apuntó: "Estoy bien jodido".
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 comenzó este miércoles a interrogar a los cabecillas de la trama con la declaración del exsecretario de Organización del PP de Galicia y "número dos" de la red, Pablo Crespo, quien aseguró que las siglas "P.A.C." corresponden a Correa y no a Francisco Álvarez-Cascos y que "Luis el cabrón" no es Luis Bárcenas.
Cargos
Hoy finalizan las declaraciones con el testimonio del contable de la organización, José Luis Izquierdo, al que se incautó el "pen drive" en el que se detallaba toda la contabilidad B de las empresas de la red. Los cuatro están imputados por los delitos de cohecho, prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude a la administración pública, falsedad y blanqueo de capitales.
Entre tanto, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional denegó ayer a Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas, el desbloqueo de sus cuentas bancarias para pagar las cuotas mensuales de 1.500 euros del "leasing" (alquiler con opción a compra) de un coche marca Land Rover. La Sala argumenta que Iglesias no incluyó el pago de las cuotas mensuales del vehículo, valorado en 91.936 euros, entre los gastos periódicos, como los de luz y agua, cuando su abogado pidió tener acceso a las cuentas.
