Amnistía pide que la vivienda sea un derecho fundamental

El director de Amnistía Internacional (AI) en España, Esteban Beltrán, ha anunciado este miércoles que esta organización promoverá una reforma de la Constitución para que el derecho a una vivienda adecuada sea considerado como un derecho fundamental.

Beltrán, que ha hecho este anuncio en la presentación del informe anual de AI 2013, en el que se refleja el estado de los derechos humanos en el mundo, ha indicado también que la organización llevará a cabo este año una investigación sobre el derecho a la vivienda en España.

Dentro de esa investigación, Amnistía Internacional analizará las medidas legales que se pueden acometer a medio y largo plazo para abordar este derecho, que, según ha dicho -acompañado entre otros de la representante de la Plataforma de Afectados por las HipotecasAna Colau-, está reclamando la sociedad civil española.

Una medida a largo plazo, según Beltrán, sería una reforma de la Constitución para que el derecho a una vivienda adecuada pase de ser un principio rector de la Carta Magna a un derecho fundamental.

"Igual que el derecho a la educación está en el núcleo de derechos fundamentales, el derecho a una vivienda debe estar ahí", ha señalado el dirigente de AI, quien ha apostillado que "no hay ninguna razón para considerar que hay unos derechos de primera y de segunda".

Esta reforma constitucional, que implicaría un referéndum, tal y como ha explicado, podría realizarse de forma rápida "si se ponen de acuerdo los partidos".

No obstante, se pueden adoptar otras medidas a medio plazo y las pueden realizar los propios tribunales españoles, empezando a aplicar el derecho a una vivienda adecuada a partir de la entrada en vigor el pasado 5 de mayo del protocolo al pacto internacional de derechos económicos y sociedades y culturales, que España ratificó en 2010.

De esta forma, el derecho a una vivienda o el derecho al acceso a la salud podría plantearse directamente ante los tribunales "con mayor facilidad".

Escraches

Pero también, a corto plazo, se puede promover una ley para el derecho a una vivienda adecuada, ha señalado Beltrán, quien ha defendido que los "escraches" ante las viviendas de políticos no vulneran, en principio, las normas internacionales de derechos humanos, siempre y cuando se realicen de forma pacífica.

Por tanto, a su juicio, "restringirlo, a priori, para todos con 300 metros vulneraría las normas internacionales de derechos humanos" y podría restringir el derecho legitimo a la libertad de expresión.

No obstante, ha precisado que si en esa manifestación se producen elementos adicionales, como por ejemplo que se prolongue durante 24 horas y con ruido, se podrían tomar medidas.

Antes, Colau se ha referido a la "gravísima vulneración" al derecho a la vivienda que se produce en España, a "la falta de un marco normativo que permita reconocer y defender ese derecho" y ha acusado al Gobierno de ceder a la presión de las entidades financieras, sin dar una solución a esta "absoluta anomalía".

Además, ha criticado la actitud del Ejecutivo de "criminalizar, estigmatizar y reprimir a los ciudadanos que se organizan para reclamar los derechos fundamentales", lo que ha dicho retrata "la talla moral" de quien recurre a una actuación "tan ruin".