Autor del voto particular contra la absolución de Francisco Camps en el "caso de los trajes" y presidente del tribunal que juzgó y condenó a Baltasar Garzón por las escuchas de la "Gürtel", el magistrado Joaquín Giménez aboga desde la sala del Supremo más codiciada por la clase política por un sistema judicial que atrape con eficacia a los delincuentes importantes, porque sobre los pequeños, afirma, ya cae todo el peso de ley.

-Usted fue el único magistrado discrepante con la absolución de Camps. ¿Cree que en una primera instancia un tribunal profesional lo hubiera exculpado como hizo el jurado?

-No sé qué hubiera ocurrido, pero sí creo que el magistrado que presidió el jurado no cumplió con su obligación de motivar la sentencia, de vigilar que el veredicto no fuera arbitrario.

-¿Estamos hablando entonces de una sentencia injusta?

-Yo concluyo mi voto particular diciendo que hay que hacer justicia y que parezca que se hace, y en este caso no se cumple ninguno de los dos requisitos.

-¿En España se hace justicia?

-Creo que sí, como creo que el sistema judicial es la última ciudadela del Estado democrático, el último reducto de confianza. Y mantengo que está respondiendo bien, entendiendo como Poder Judicial todos y cada uno de los jueces. Ahora bien, el juez, antes que juez, es ciudadano y, como tal, tiene sus sensibilidades e ideología.

-¿Y cómo se combina todo eso?

-El juez tiene que poner su conciencia al servicio de la ley y tener en cuenta que, aunque las leyes sean democráticas, no tienen por qué ser justas. No se puede ser un juez normópata, pegado a la ley. El juez no es el creador de la ley, pero sí es creador de justicia y puede volar a ras del suelo o a la altura del cóndor. La figura de un juez sin inquietudes puede ser muy inquietante, máxime cuando nos regimos por principios y valores.

-¿Qué cree que puede pensar la ciudadanía de esos valores cuando se imputa a la hija del Rey y después se la desimputa?

-Éste es un tema en el que, por un mínimo de rigor intelectual, prefiero no opinar. Aunque sí es cierto que para la ciudadanía tiene un aspecto muy llamativo: que la justicia no es igual para todos. Pero es que quien diga que la justicia es igual para todos no sabe de qué está hablando. Claro que la justicia no es igual para todos. El reto es que la hagamos igual. Una buena defensa, por ejemplo, hace que las cosas puedan cambiar.

-Pero eso suele ir ligado a que pueda costearse.

-Efectivamente, el derecho penal no puede ser un factor de multiplicación de la desigualdad social. Durante mucho tiempo el sistema penal ha sido una tela de araña en la que los que quedaban atrapados eran moscas, mosquitos... ¿Y el tiburón? El tiburón pasaba tranquilamente. Hay que procurar que los hilos de esa tela sean de acero. No hay una clase de delincuentes, hay delincuentes de clase. Y cada clase delinque a su manera: las altas lo hacen con tres idiomas y cuatro másteres y las clases desfavorecidas, malolientes y pinchándose.

-En su voto particular habla del "privilegio del aforamiento".

-El derecho penal parlamentario en Europa se centra en la inviolabilidad y la inmunidad. Pero en España existe además un derecho parlamentario procesal. Hay un corrimiento en favor del Tribunal Superior de cada comunidad o hacia la Sala Segunda del Supremo consecuencia de una politización de esos tribunales por las consecuencias que puedan acarrear esos procesos. Por eso la Sala Segunda es el oscuro objeto de deseo de todos los políticos, por eso quieren controlarla.

-¿Y lo consiguen?

-Hacemos lo posible para que no. Aquí nos conocemos todos y cada uno tiene su ideología, pero sabemos que se trata de poner la conciencia al servicio de unos valores: los de la ley. Aunque molesten a aquéllos con los que pueda haber una cierta afinidad ideológica.

-¿Realmente quienes componen la Sala Segunda acaban poniendo a raya sus ideologías?

-Eso depende de los nombramientos, y éstos los hace el CGPJ, una institución cuyo nivel de independencia es manifiestamente mejorable, y no tanto por cómo se hacen, sino porque normalmente, y no de manera infrecuente, el apadrinado tiene una especial sintonía con su padrino. Y el sistema judicial no necesita palmeros ni inquisidores.

-¿Y lo del oscuro objeto de deseo de todos los políticos?

-Lo somos, precisamente, por los aforamientos. Porque aquí vienen todos los asuntos de políticos, incluso en el único caso en que todos somos iguales ante la ley: en las alcoholemias. ¿Es sensato que una alcoholemia se vea en la Sala Segunda?

-Presidió el tribunal que juzgó y condenó a Garzón por las escuchas del "caso Gürtel".

-Yo estuve al frente de ese tribunal y comparto lo que se dijo en la sentencia, una resolución que fue por unanimidad y donde, por utilizar un término al uso, estaba todo el arco ideológico de la Sala Segunda. Pero en todo proceso penal hay unas líneas rojas y la confidencialidad en el derecho de defensa es una de ellas. La comunicación entre el imputado y su abogado es un escenario absolutamente blindado, no cabe excepción, máxime cuando el cliente está en prisión.

-¿Aun en el supuesto de que el abogado estuviera colaborando en la comisión de un delito?

-Si hay sospechas de eso, lo que se tiene que hacer es imputar al abogado. Pero en este caso no las había, dicho por Garzón. En esto no hay atajos. Hay decisiones que no se adoptan con gusto y ésta no lo fue, pero se tomó con seriedad y rigor. Que no haya sido comprendida, pues... El poder de un juez reside en la discreción y en sus resoluciones, no en su poder mediático.

-¿Cuánto de animadversión de los propios compañeros hacia Garzón hubo en el proceso?

-Nada. Nosotros, desde la sala, escuchábamos los gritos de la gente que estaba en la calle. Y llamaba la atención esa izquierda-caviar trivializando las garantías del proceso. Me gustaría saber qué pensarían si a quienes les hubieran intervenido las comunicaciones con su abogado hubiesen sido esas personas.

-¿Las tasas dan pie a una justicia de ricos y otra de pobres?

-El gratis total se ha terminado. Pero no se puede dar un giro de 180 grados. Quien tenga motivos suficientes para litigar y no disponga de medios ha de tener justicia gratuita, esto es obvio. El que los tenga debe pagar una tasa proporcional al pleito. Pero la tasa no puede ser, de ningún modo, disuasoria ni recaudatoria.