16 de noviembre de 2012
16.11.2012
Acuerdo del Consejo de Ministros

El Gobierno frena los desahucios de familias vulnerables y realojará en pisos de la banca

De la moratoria de dos años se beneficiarán quienes ingresen menos de 19.200 euros anuales y parejas con bebés, discapacitados o dependientes - El decreto no aprueba la dación en pago ni tendrá efectos retroactivos

16.11.2012 | 08:53

El Gobierno central aprobó ayer, sin acuerdo con el PSOE tras tres días de negociación, un decreto que frena los desahucios para familias vulnerables y crea un parque público de viviendas destinadas al alquiler, con rentas "bajas y razonables", para personas que ya han perdido sus casas, según anunció tras el Consejo de Ministros la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. El ministro de Economía, Luis de Guindos, explicó que la bolsa de pisos destinados al "alquiler social" se nutrirá de inmuebles propiedad de los bancos como consecuencia de adjudicaciones por impago.

El titular de Economía comenzará una negociación con las entidades financieras, de las que dijo tienen un importante número de activos adjudicados, incluidas las del FROB" "Ahí estableceremos este fondo para paliar las circunstancias más urgente necesidad", apostilló al tiempo que recordaba que en este país hasy 700.000 viviendas vacías, según las estadísticas.

Lo que hace el decreto aprobado por el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy es regular quiénes podrán acogerse a la moratoria de dos años en los desahucios propuesta por la patronal de los bancos y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). Serán, explicó Sáenz de Santamaría, los colectivos "más vulnerables", familias con ingresos que no superen tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), lo que supone en la actualidad unos 1.600 euros mensuales y 19.200 euros al año, siempre que haya habido una alteración de la cuota hipotecaria. También podrán beneficiarse las familias numerosas o aquellas que tengan a su cargo a un niño menor de 3 años o a personas dependientes o con discapacidad. Los deudores en paro y sin prestación por desempleo y determinados casos de violencia de género también podrán beneficiarse de las medidas.

Lo que no incluye el decreto son las modificaciones legales que el PSOE reclamaba. El decreto aprobado por el Consejo de Ministros no incluye modificación alguna en la ley hipotecaria o en las leyes civiles y procesales que regulan las ejecuciones hipotecarias. Tampoco abre la puerta a la dación en pago -entregar la vivienda para saldar la hipoteca y no seguir cargando con la deuda-, ni tiene efectos retroactivos. Es decir, quienes hayan perdido ya su casa, aunque cumplan los requisitos aprobados ayer, no la recuperarán.

"El PSOE había pedido más tiempo y nosotros lo que hemos hecho es traer, al primer Consejo de Ministros, el decreto ley para que entre en vigor cuanto antes", aseveró la vicepresidenta para justificar que las medidas no afecten a hipotecas ya ejecutadas. Las organizaciones de afectados por los desahucios califican las condiciones aprobadas por el Gobierno como "chapuceras" y "absurdas". "Es como poner a los pobres a competir entre ellos para ver quién es más desgraciado", denunció la portavoz de la Plataforma Stop Desahucios, Ada Colau.

La Asociación Española de Banca (AEB) asegura que "entiende" la razón que ha llevado al Gobierno a tomar estas medidas para atenuar los desahucios, por "la necesidad de proteger a aquellas personas socialmente más vulnerables", pero lamentó que el coste vaya a recaer "exclusivamente" sobre el sector bancario.

El ministro de Guindos no aclaró si el Gobierno va a modificar la Ley Hipotecaria, que es una de las demandas del PSOE en la negociación. "No voy a prejuzgar su hay que cambiarla o no, posteriormente habrá una modificación de la ley", dijo en referencia a que el Real decreto se tramitará como proyecto de ley.

Además la Unión Europea advirtió ayer al Ejecutivo central que cualquier modificación en la legislación española relacionada con ejecuciones hipotecarias, al afectar al sector financiero, "debe ser consultada" al equipo técnico de la Comisión y del Banco Central Europeo. Esta condición, explican, aparece claramente en el memorándum firmado para lograr la recapitalización de la banca. La advertencia de la Comisión llega días antes de que los bancos españoles reciban 40.000 millones de euros de dinero europeo.

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