Varios colectivos de Galicia anunciaron que se sumarán a la querella presentada por asociaciones argentinas en este país suramericano por los delitos de genocidio y terrorismo de Estado cometidos durante la Guerra Civil española y la dictadura franquista, en representación de más de 5.000 gallegos represaliados durante esa época. Además, indicaron que pedirán la detención del senador del PP Manuel Fraga.
Según explicaron representantes de Nova Esquerda Socialista y de la Comisión viguesa pola Memoria do 36, el próximo viernes viajará a Buenos Aires su abogado, Gustavo García, para aportar documentación sobre más de 5.000 víctimas de lo que tachó como "un auténtico genocidio gallego".
El letrado insistió en que esos delitos "son de lesa humanidad", por tanto no prescriben ni están afectados por las leyes de amnistía. Así, advirtió la "paradoja" de que el Supremo desautorice al juez Baltasar Garzón, mientras que declaró la competencia de los tribunales españoles para enjuiciar los crímenes de las dictaduras chilena y argentina.
García hizo un llamamiento a la sociedad gallega para que se sume a la querella y aporte sus testimonios --en Buenos Aires o en los consulados de este país en Galicia-- sobre asesinatos del franquismo, al tiempo que confirmó que sus representados solicitarán una orden internacional de búsqueda y captura para la detención de Manuel Fraga Iribarne.
Críticas al supremo
Según este abogado, la responsabilidad del ex presidente de la Xunta en los crímenes franquistas "es clarísima" y hay "datos abrumadores" de su participación en sucesos como los de Vitoria o la muerte de Julián Grimau. Así, apuntó que Fraga y otros implicados "deben sentarse en el banquillo", ya que "no están todos muertos, como pretende el Supremo".
Por otra parte, atribuyó la actitud del alto tribunal, de procesar al juez Baltasar Garzón, al hecho de que "no les interesa" permitir la investigación del magistrado porque "muchos de ellos formaban parte del Tribunal de Orden Público" durante el franquismo, "y ellos mismos podrían ser juzgados por esos crímenes". "El Supremo nos ha llevado a una situación de vergüenza internacional", sentenció.
