El secretario general del PP en la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, es o ha sido hasta ahora uno de los políticos más cercanos al president de la Generalitat, Francisco Camps, de quien se convirtió en su mano derecha tanto en el partido como en las Corts valencianas, donde ejerce de portavoz del grupo popular. Con 37 años, su meteórica carrera política está hoy al borde del precipicio. Costa siempre ha entendido la política como trampolín personal. Es hijo de Juan Costa Galindo, que ejerció de asesor fiscal del presidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra y se ganó con el PP el puesto de delegado territorial de Hacienda en Castellón hasta 2004. Su madre, María Dolores Climent, milita en el partido desde los tiempos de AP y fue concejal en Castellón. Las relaciones de su familia con Fabra fueron clave para que su hermano Juan hiciera carrera en Madrid y él accediera a las Cortes valencianas en 1995. Traicionó a su hermano Juan –ex ministro de Ciencia y Tecnología– segando su alternativa a Mariano Rajoy en el congreso nacional de 2008. Y ha hecho de la lealtad a su superior su única guía de acción, pese a quien pese por debajo de él. Se registró como autónomo en las Corts pese a la acumulación de cargos, para no renunciar a seguir aumentando sus ingresos a través de la consultora Cas Legis, especializada en asesoramiento tributario.

Ha sido presidente provincial de Nuevas Generaciones, secretario de Política Económica y vicesecretario general del partido en la Comunitat Valenciana, hasta que en junio de 2007 fue propuesto por Camps como secretario general del PPCV, en sustitución de Adela Pedrosa. En la Cámara autonómica ha ejercido como portavoz adjunto del grupo popular y delegado de Economía, hasta que en marzo de 2008 fue nombrado portavoz parlamentario del PP en sustitución de Esteban González Pons, elegido diputado a Cortes Generales por Valencia. Es un hombre de partido en el sentido estricto: sisciplinado, trabajador para el lucimiento de otros y siempre presto a dar la cara en los momentos críticos.

Presentó en las Corts una declaración patrimonial en la que sostenía que sus cuentas tenían un saldo negativo de 1.500 euros. Sin embargo, el 2 de mayo pasado, mientras circulaba hacia Castellón, el coche en el que viajaba se salió de la calzada y quedó siniestro total. Hechas las averiguaciones oportunas resultó ser un Infiniti FX50 valorado en 77.000 euros. El mismo coche que estaba probando cuando un fotógrafo de Levante-EMV (del mismo grupo editorial que FARO) le soprendió en el concesionario de Nissan unos meses antes. La compra aparece en el sumario del "caso Gürtel".

Pablo Crespo: "¿Hablásteis del coche o no?". Álvaro Pérez: "Sí, eso es un periodista de Levante-EMV que le siguió". Pablo Crespo: "Pues fíjate tú, macho, qué peligro, ¿eh?". Álvaro Pérez: "Sí, es un peligro, es un peligro…". Pablo Crespo: "Sí, tienes que tener cuidado, a ver si te andan también detrás…".

Otro pasaje: Pablo Crespo: "Menos mal, macho, que no fuimos nosotros los que lo gestionamos, si no teníamos un lío con él ¿eh?". Álvaro Pérez: "Sí, tío. Nada, el sábado te lo enseña. Me ha preguntado, ¿y Pablo? Le digo, Pablo se ha pasado porque es un gilipollas. Cuando vea el mío va a flipar".

En el auto por el que el juez Baltasar Garzón daba traslado al Tribunal Superior de Justicia autonómico de la rama valenciana del caso ya se advertía de que Álvaro Pérez ejercía de mediador ante altos cargos de la Comunidad Valenciana para hacer gestiones personales, y citaba como ejemplo la compra de coches. Rich Costa aportado pruebas de que el coche se lo compró él con su dinero.

Costa ha sido visto en el Circuito de Cheste conduciendo una motocicleta Can Am Spyder valorada en más de 20.000 euros. Curiosamente el mismo tipo de moto que llevaba Álvaro Pérez. Sólo cambiaba el color: la de Costa, negra y blanca; la de Pérez, amarilla chillón. Como Francisco Camps, Campos, Betoret, etcétera, Costa se libró de ser juzgado por cohecho impropio.

De lo que no se ha librado es de convertirse en el chivo expiatorio al conocerse el informe policial que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana no quiso tomar en consideración antes de archivar el asunto de los trajes y levantarse, asimismo, el secreto que pesaba sobre 17.000 folios del sumario del "caso Gürtel".