El partido que más gastó fue el PP, que declaró 15,5 millones de euros por operaciones ordinarias y 7,2 millones por envío de propaganda electoral a los votantes, seguido del PSOE -que tiene contabilidad separada del PSC-, con 13 millones por gastos ordinarios y 6,2 millones por propaganda.

Según el informe de fiscalización hecho público hoy, el Tribunal de Cuentas no aprecia graves incumplimientos de la normativa por parte de las fuerzas políticas, salvo la superación del límite de gasto por parte del PP (por valor de 15.800 euros) y Nafarroa Bai (de casi 94.300 euros).

Además, NaBai es la única fuerza para la que el órgano fiscalizador propone que se reduzca la subvención electoral percibida en 13.450 euros.

En los préstamos aportados por las entidades bancarias, el PP recibió para los comicios de 2008 unos 16,9 millones de euros, en tanto que el PSOE consiguió créditos por importe de 14,2 millones de euros, e IU, por 3,8 millones.

Mientras tanto, CiU se endeudó en 2,5 millones de euros; el PSC sumó préstamos por valor de 1,7 millones; los partidos de la Entesa Catalana de Progrés (que agrupa a PSC, ERC e ICV, entre otros, que se presentaron juntos al Senado), otros 1,7 millones, e ICV tuvo que pedir 1,1 millones para su candidatura al Congreso.

Además de los que 44,6 millones correspondientes a créditos bancarios, los partidos recibieron 15,7 millones de euros en anticipos electorales, a los que hay que sumar otros 6,1 millones de aportaciones del partido y 0,2 millones de manos privadas.

Con este dinero, las fuerzas políticas sufragaron sus campañas electorales y pudieron costear unos gastos conjuntos justificados de 67,7 millones de euros, el 16,6 por ciento más que en las elecciones generales del 2004.

De este dinero, 41,6 millones correspondieron a operaciones ordinarias (el 19,5 por ciento más que en 2004) y 26,1 millones, a la actividad de envío de propaganda electoral (el 16,5 por ciento más que cuatro años antes).

Tras el PP y el PSOE, los partidos que más dinero desembolsaron para hacerse con un escaño en el Parlamento fueron Izquierda Unida, con 1,1 millones en operaciones ordinarias y 6,2 millones en envíos electorales subvencionables, y el PSC, con 2,5 y 1,09 millones, respectivamente.

CiU, mientras tanto, destinó a estos fines 2,4 y 1,1 millones de euros; la Entesa, 1,9 y 1 millón para envíos; ERC, 520.000 en gastos ordinarios y 1 millón; EA, 776.800 euros; ICV, 609.000 y 1 millón, y NaBai, 318.000 euros ordinarios.

BNG justificó 320.592 euros y 549.918 euros; la CHA, 290.811 euros; Coalición Canaria, 342.000 euros; UPyD, 671.300 euros, y UPN, que se presentó junto al PP por Navarra, 224.000 y 96.600 euros en cada caso.

El Tribunal de Cuentas ha detectado que algunas empresas han eludido su obligación de remitirle información detallada de su facturación a las fuerzas políticas aunque por un importe global que el propio informe considera poco significativo.

Un año más, el Tribunal de Cuentas hace una serie de recomendaciones para que se regulen más detalladamente los envíos de propaganda electoral, se coordinen mejor los requisitos para la financiación de los partidos y se adopte un adecuado régimen sancionados para el que vulnere la ley.