06 de diciembre de 2008
06.12.2008

La viuda de Uria, en el centro, rodeada de sus hijos, a la salida del funeral.

La reforma de la ley incluye la suspensión del carné de conducir durante tres meses

06.12.2008 | 01:00

Los conductores que circulen con un vehículo que tenga instalado un mecanismo ilegal de detección de radares de velocidad, los conocidos como anti-radares, serán castigados con 6.000 euros, la máxima multa que puede recibir un conductor, y los que usen el navegador al volante, con 200.
Son sanciones que se contemplan en el proyecto de ley para la reforma del procedimiento sancionador en materia de seguridad vial, aprobado la semana pasada en el Consejo de Ministros para su remisión a las Cortes.
La reforma revisa todo el cuadro de sanciones, entre ellas la que castiga a los conductores que "se valen" de los anti-radares para "burlar" los controles de velocidad, una práctica que actualmente conlleva una multa de 150 euros y la pérdida de dos puntos del carné de conducir.
Los juristas encargados de la elaboración del proyecto sostienen que no puede ser más barata la sanción que la infracción y ésta, en su opinión, es especialmente grave porque quien coloca un anti-radar en su vehículo tiene "una voluntad de infringir continuamente".
"Nadie lo monta para que no le cojan una vez, sino para ir constantemente infringiendo", apuntan los especialistas, que entienden que esta infracción se debe castigar "lo máximo posible". Y así lo han hecho, porque no hay ninguna multa de esa cantidad.
Cuando entre en vigor la reforma, llevar instalado un anti-radar se considerará una infracción muy grave y se multará con 6.000 euros, tres meses de suspensión del permiso de conducir y la pérdida de seis puntos.
Pero el conductor no será el único que será sancionado porque "no es el único que infringe la ley", también lo hace quien instala esos dispositivos. Por ello, la reforma incorpora una nueva infracción, con la que se sanciona a los talleres y establecimientos de recambios que lo hacen, que serán multados con entre 3.000 y 30.000 euros.
La Dirección General de Tráfico (DGT) está a favor de que los conductores lleven en el coche un navegador con la información y localización de los radares fijos, es decir un lector de radares, pero está en contra de los "detectores" o "inhibidores", que están expresamente prohibidos, porque su objetivo es saltarse los controles de velocidad.

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