25 de noviembre de 2008
25.11.2008
Propuesta

El CGPJ aprueba por unanimidad reforzar el juzgado que no concedió protección a la víctima del 'caso Alovera'

25.11.2008 | 13:44

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó hoy por unanimidad reforzar el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Torrejón de Ardoz del que es titular la juez Gemma Poveda, informaron a Europa Press fuentes del Consejo.

El órgano de gobierno de los jueces estudió esta propuesta después de numerosas reclamaciones de apoyo efectuadas por esta magistrada, quien no llegó a conceder la protección que le solicitó una ciudadana argentina Sylvina Bassani, asesinada en abril por su ex marido en Alovera (Guadalajara).

La propuesta aprobada en la Comisión Permanente de la que ha sido ponente el vicepresidente del Consejo, Fernando de Rosa, defiende la adscripción permanente durante seis meses en el juzgado bis de apoyo con competencia exclusiva en materia de violencia de género de la juez María del Carmen de la Rocha Díaz, hasta ahora sustituta. Esta magistrada estará acompañada además por un secretario judicial, cinco funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y un funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial.

En varias ocasiones, la juez Poveda --cuyo juzgado lleva casos tanto de civil como de penal-- solicitó refuerzos de esta índole al Consejo General del Poder Judicial. La última vez fue el pasado 14 de noviembre, cuando solicitó nombrar "a la mayor brevedad cuatro funcionarios de refuerzo, dos pertenecientes al cuerpo de gestión, uno al de tramitación y uno al de auxilio con conocimientos jurídicos y la necesaria experiencia.

Asimismo, el 23 de mayo, --un mes antes de la muerte de la mujer argentina-- la juez remitió otra reclamación al CGPJ en la que alertaba que, en ese momento, su juzgado tramitaba "651 asuntos de violencia". Por ello, entre otras medidas, solicitaba al poder judicial la asignación de "al menos tres funcionarios de refuerzo con experiencia y calificación que pudieran dedicarse al impulso y actualización de los asuntos pendientes".

Además, Poveda reprochaba que en su partida judicial no se hubiese creado un juzgado exclusivo de violencia de género mientras que en otros lugares como Getafe o Arganda del Rey si se había hecho "pese a tener menor volumen de trabajo en esta materia".

El 16 de octubre la titular del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Torrejón de Ardoz volvía a denunciar su situación ante el órgano de gobierno de los jueces y, en este caso, solicitaba la posibilidad de la exención de su Juzgado en materia penal. Interesaba que se le eximiese "del conocimiento de los asuntos penales que van a reparto ordinario".

También en materia civil, pedía que se le eximiese del conocimiento de los procesos monitorios, la liberación de la puesta a disposición de detenidos por un presunto delitos de violencia de género a la semana. No obstante, no ha sido hasta ahora cuando el CGPJ ha accedido a estudiar un refuerzo para este juzgado.

La propuesta había recibido el informe favorable de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y del Servicio de Inspección del propio órgano de Gobierno de los jueces. Por su parte también, los vocales delegados para el territorio en el que el juzgado desarrollaría sus trabajos realizaron otro informe estimando procedente la concesión de la medida.

FUNCIONES DE LA JUEZA DE APOYO

De Rosa explica que la jueza de apoyo "acumulará las normales funciones en sustitución si se produjera dentro del mismo órgano alguno de los supuestos legales que la determinen", al tiempo que recoge la posibilidad de que "en cualquier momento" y "cuando las circunstancias del servicio y de carga de trabajo lo aconsejen" pueda ser "sustituida por la adscripción de un juez adjunto".

El plazo de medio año comenzará a contar a partir de la incorporación de la juez, el secretario judicial y los funcionarios. "Al término de este plazo deberá producirse el cese de los mismos, participando tal cese tanto al Ministerio de Justicia, a la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid, como a este Consejo", dice De Rosa.

Será el Servicio de Inspección del CGPJ quien supervisará la aplicación y el desarrollo de la medida de refuerzo adoptada. A tal fin la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) deberá informar a la Comisión Permanente, a través del mencionado Servicio de Inspección y con periodicidad mensual sobre la efectividad de la medida de refuerzo adoptada en el presente acuerdo y sobre la evolución del órgano afectado por la misma.

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