El secuestro del Playa de Bakio llegará hasta la Audiencia Nacional. El organismo judicial, competente para juzgar los casos de piratería, investigará el rapto del atunero español y aspectos tales como el pago de un posible rescate a los asaltantes, que abandonaron el sábado el buque tras seis días de secuestro frente a las costas somalíes. Las diligencias correrán a cargo del juez Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, quien previsiblemente citará en calidad de testigos a los pescadores secuestrados y el armador. Mientras, se espera la llegada mañana a Victoria, capital de Seichelles, del pesquero.

El magistrado decidió abrir el caso el sábado, el mismo día en que terminó el calvario para los 26 tripulantes del Playa de Bakio, 13 de los cuales son españoles. En concreto, Andreu adoptó la decisión después de haber recibido un informe policial el lunes, horas después de conocer el secuestro, según fuentes jurídicas. La Ley Orgánica del Poder Judicial otorga a la Audiencia Nacional para casos sospechosos de piratería, por lo que, si bien se estima complicado dar con el paradero de los asaltantes, la intención sería preparar un marco jurídico en previsión de que se produzcan arrestos.

El juez citará a declarar a la tripulación del barco y al armador en calidad de testigos. No obstante, estas fuentes explicaron que "la prioridad es que descansen y se recuperen" y, por tanto, se dejará pasar un tiempo prudencial hasta los interrogatorios. Previsiblemente mañana el Playa de Bakio llegará a un puerto de las islas Seychelles tras tres días navegando con total autonomía escoltado por la fragata Méndez Núñez. Una vez allí, los pescadores regresarán a España en avión.

¿Rescate?

Dentro de las diligencias se investigará también si existió o no el pago de un rescate a los secuestradores, algo que el Gobierno no ha aclarado de momento. Preguntada en varias ocasiones por este aspecto el sábado en rueda de prensa, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se limitó a decir que el fin del cautiverio se había logrado fruto "de una intensa labor diplomática", mientras algunas autoridades somalíes hablan de un pago de unos 770.000 euros.

Al PP esta discreción no le convence y reclama mayores explicaciones. El portavoz de Asuntos Exteriores del Grupo Parlamentario Popular, Gustavo de Arístegui, señaló hoy que en caso de que se demostrase la negociación con criminales sería "extraordinariamente grave". Por eso, "el Gobierno tiene que comparecer en el Congreso y, desde luego, nosotros le vamos a preguntar qué tipo de intervención ha tenido en la solución de la crisis, porque la negociación de un gobierno con una organización criminal es perfectamente inaceptable", criticó, en declaraciones a Onda Cero.

Arístegui reclamó también una actuación internacional contra la piratería marítima más allá de una resolución del Consejo de la ONU, mientras el BNG abogó por un acuerdo bilateral Madrid-Mogadiscio que evite nuevos secuestros, contradiciendo así la postura de la Xunta de Galicia, favorable a la creación de un organismo multinacional de vigilancia bajo el paraguas de Naciones Unidas. Precisamente mañana los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea debatirán en Luxemburgo a petición de España sobre el problema de los abordajes en el océano Indico.

Mientras, se espera la llegada del pesquero mañana a Victoria, capital de Seichelles, tras navegar tres días por el Indico escoltado por la fragata Méndez Núñez. En este puerto tiene su base no sólo el Playa de Bakio sino un nútrido grupo de atuneros vascos, por lo que se espera un multiduinario recibimiento. Está previsto que tras tocar tierra, la tripulación emprenda viaje por avión hacia España. Mientras, hoy partió desde Madrid una dotación de relevo para hacerse cargo del pesquero, que volverá a fanear una vez se reparen algunos desperfectos sufridos durante el secuestro, según información difundida desde Seichelles por TVE.