Salvaguardar los montes españoles no le saldrá barato al Gobierno, ya que el coste para la puesta en práctica de la reforma de la Ley de Montes, aprobada por el Consejo de Ministros antes de su descanso estival y que ya ha sido remitido al Congreso de los Diputados, ascenderá a 12,5 millones de euros al año. Esta nueva Ley también prevé la creación del Fondo para el Patrimonio Natural, un organismo para garantizar el desarrollo sostenible de los recursos naturales, y que el próximo año estará dotado con un presupuesto de casi 40 millones de euros.

En todo caso, y en función del grado de aceptación media, la cuantía anual de la implantación de la Ley de Montes variará "entre un máximo de 17,3 millones de euros para una aplicación alta e improbable y un mínimo de 7,6 millones de euros para un nivel de aceptación bajo y variable según las acciones". Este coste supondría el 1,5 por ciento de la renta anual que generan los montes en bienes directos a sus propietarios, y sólo el 0,4 por ciento anual que generan los montes en valores productivos, recreativos y ambientales.

La memoria económica del anteproyecto de Ley de Montes prevé que el valor de los montes españoles ascienda a a 164.099 millones de euros, mientras que la renta anual es de 3.281 millones. El valor es mayor que la renta, dado que la rentabilidad sólo considera el beneficio privado y no tiene en cuenta el valor de uso futuro, el de legado a generaciones venideras o el de la propia existencia.

Otro aspecto importante de la nueva Ley de Montes es el plazo de 30 años que establece para prohibir el cambio de uso forestal de los terrenos incendiados.