Las nucleares se rebelan contra el plan del Gobierno y defienden retrasar el apagón de las centrales

Las nucleares se rebelan contra el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) aprobado por el Gobierno. Foro Nuclear, la patronal del sector, carga contra la nueva hoja de ruta marcada por el Ejecutivo para las próximas décadas para el cierre y desmantelamiento de las centrales nucleares, para la gestión de los residuos que dejan y para fijar el coste milmillonario de todo ello.

La versión definitiva del nuevo PGRR que salió del Consejo de Ministros el mes pasado confirma el cierre escalonado de todas las centrales nucleares españolas entre 2027 y 2035 hasta el apagón total; contempla la construcción de siete almacenes de residuos radiactivos en España, uno en cada una de las centrales, para guardarlos de manera temporal durante cinco décadas; y calcula una factura total con un sobrecoste de más de 3.700 millones de euros frente a versiones anteriores del programa.

Y las compañías del sector nuclear se quejan abiertamente contra todos estos aspectos. Foro Nuclear defiende abiertamente mantener en funcionamiento las centrales nucleares y retrasar los cierres previstos, aunque el calendario fue pactado por grandes eléctricas y el Gobierno en 2019; rechaza que el sobrecoste milmillonario sea financiado por las propias compañías eléctricas a través de la tasa que pagan por la producción eléctrica de las centrales; y se queja de que el plan de siete cementarios nucleares impedirá reutilizar los terrenos de las centrales nucleares para otros uso industriales tras su cierre hasta dentro de medio siglo.

“Las soluciones adoptadas en el nuevo Plan suponen un coste muy superior al previsto inicialmente debido a la falta de consenso entre las diferentes instituciones involucradas y, por tanto, en ningún caso deberían imputarse dichos sobrecostes a las centrales nucleares”, critica Foro Nuclear en un comunicado. La patronal no precisa ahora una propuesta sobre cómo financiar ese sobrecoste, pero las compañías eléctricas han defendido durante la tramitación del nuevo PGRR que esos importes adicionales se consideraran como costes del sistema eléctrico y, por tanto, cargarlos a la tarifa eléctrica que pagan todos los consumidores.

Durante los últimos años el Gobierno ha mantenido vivas dos alternativas sobre qué hacer con los residuos de alta radiactividad de las centrales durante el próximo medio siglo: transportarlos y guardarlos todos en un almacén temporal centralizado (ATC) durante unas décadas (que era la opción que se mantuvo durante años con la idea de localizarlo en Villar de Cañas, en Cuenca, ahora por completo descartada) o construir siete almacenes temporales descentralizados en el país (ATD).

La falta de consenso político y social, y dado que ninguna comunidad autónoma finalmente quería acoger un gran cementerio nuclear nacional, han empujado al Gobierno a la opción de los siete almacenes. Una vía que obligará a inversiones mucho mayores, con un sobrecoste de unos 3.720 millones de euros frente a las estimaciones de gasto total que manejaba el Ejecutivo el año pasado en caso de elegir la construcción de un solo almacén centralizado.

Según el nuevo cuadro actualizado de inversiones totales del séptimo PGRR ahora aprobado, el coste de todo el programa de gestión de residuos radiactivos (desde 1985 hasta el año 2100) con la construcción de los siete almacenes ascenderá a casi 28.156 millones de euros. La última versión provisionales del plan hecha pública el año pasado preveía que las inversiones de todo el plan sería 24.436 millones si se construía solo un ATC (3.720 millones menos) y de 26.560 millones con la opción de los siete ATD (1.595 millones de diferencia en poco más de un año por efecto de la inflación y por algunos costes revisados al alza). La nueva hoja de ruta augura que los que costes que aún quedan por pagar hasta final de este siglo ascenderán a casi 20.220 millones de euros.

Subida de tasas

Bajo el precepto de ‘quién contamina paga’, esas inversiones deberán ser cubiertas con las tasas que pagan las centrales nucleares para financiar la gestión de sus residuos radiactivos y el desmantelamiento de las propias plantas. Y dado que se contempla un fuerte sobrecoste, el Gobierno aprobará próximamente una subida millonaria de esa prestación no tributaria que pagan las compañías eléctricas propietarias de las centrales: Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP.

Las centrales nucleares pagan actualmente a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) una prestación patrimonial no tributaria de 7,98 euros por cada megavatio hora (MWh) de electricidad que producen. En total, dependiendo el volumen final de electricidad anual, las compañías eléctricas propietarias de las centrales nucleares (Endesa e Iberdrola, principalmente, y con participaciones residuales también Naturgy y EDP) están abonando en torno a 450 millones de euros anuales de media al fondo con el que se financia el plan de residuos radiactivos, que actualmente cuenta con unos 7.500 millones acumulados.

Los sobrecostes previstos en el futuro PGRR empuja a una subida de esa tasa del 25%, hasta cerca de 10 euros por MWh, según varias fuentes del sector nuclear, tal y como adelantó El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica. Un incremento que elevaría los pagos que realizan cada año las centrales nucleares hasta cerca de los 570 millones de euros, 120 millones más que los abonos actuales. El Ministerio para la Transición Ecológica, que será el encargado de aprobar esa subida de la tasa a las nucleares, no hace comentarios sobre la futura subida.

La patronal nuclear se queja de que los extracostes de este Plan suponen “un cambio sustancial” frente a las condiciones en las que se alcanzó el acuerdo para el calendario de cierre entre las propietarias de las centrales nucleares y la sociedad pública Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa). En ese protocolo se acordó aplicar una subida máxima del 20% de la tasa que pagan las compañías por la electricidad producida (hasta los 7,98 euros por MWh actuales). Desde Enresa se defiende que ese acuerdo no limita la potestad futura del Gobierno para fijar ahora nuevas subidas de la prestación patrimonial que pagan las centrales.

“Hay que recordar que las centrales nucleares están sometidas a una fiscalidad excesiva, en algunos casos redundante, así como discriminatoria y no homogénea y no comparable a la del resto de tecnologías y que penaliza enormemente el funcionamieto y la gestión de las mimas”, denuncia Foro Nuclear, “por lo que cualquier incremento adicional de tasas coprometería su viabilidad económica”.

Las compañías del sector nuclear han venido quejándose en los últimos años de sus problemas de rentabilidad por las cargas fiscales y de prestaciones patrimoniales que asumen las centrales, con un coste de unos 25 euros por MWh de electricidad producido. Entre sus reclamaciones habituales a las Administraciones figura una rebaja de sus obligaciones fiscales, y más recientemente también la aplicación de alguna fórmula que garantice una rentabilidad razonable a las plantas.

Retrasar el cierre

Las compañías nucleares subrayan ahora que mantener la operación del parque nuclear español y retrasar el cierre de las centrales “ayuda considerablemente a la financiación del propio Plan, ya que cuanto más tiempo funcionen las centrales nucleares más financiación estará disponible en el Fondo Enresa”. La patronal defiende aplazar las clausuras, pero sin precisar los plazos de alargamiento de la vida útil de los reactores.

Desde el sector nuclear se calcula que una ampliación del plazo de funcionamiento de dos años de cada una de las centrales nucleares serviría para evitar es subida de las tasas, retrasando hasta 2037 el apagón nuclear total en el país, como adelantó El Periódico de España. Las estimaciones que manejan las compañías nucleares tienen en cuenta los pagos previstos por la producción eléctrica de cada año de las centrales (cuanto más tiempo funcionen las plantas, más electricidad se producirá y más se aportará al fondo que gestiona Enresa); la cuantía con que la ya cuenta el fondo de Enresa que han ido alimentando durante años las centrales, actualmente unos 7.500 millones de euros; y el descuento del 1,5% de las necesidades de financiación por la evolución de tipos de interés y de la inflación y por la rentabilidad obtenida por invertir ese fondo milmillonario.

Con todas estas variables, el sobrecoste contemplado en el futuro plan general de residuos se cubriría si todas las centrales nucleares funcionaran dos años más o si algunas de las centrales prolongaran su vida por encima de ese bienio (cuantas menos centrales ampliaran su funcionamiento, más tiempo sería necesario prorrogarlo), según los cálculos del sector.

El Gobierno pactó en 2019 con las grandes eléctricas el cierre escalonado de todas las centrales nucleares entre 2027 y 2035. El protocolo firmado por Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y la sociedad pública Enresa contempla clausuras graduales de los siete reactores españoles y establece que Almaraz I cerrará en 2027, Almaraz II en 2028, Ascó I en 2030, Cofrentes en 2030, Ascó II en 2032, y Vandellós II y Trillo en 2035. Las compañías nucleares asumen que cambiar esas fechas requeriría pactar un nuevo protocolo para plantear un nuevo camino y nuevos plazos hacia el apagón nuclear.