Las empresas familiares salen en defensa de la Constitución y de abandonar el frentismo político

Las empresas familiares han salido en defensa de la Constitución y reclamado acabar con la polarización y en frentismo polìtico. Este clima, a su juicio impide los consensos necesarios para acometer reformas que eviten el retroceso en el nivel de vida, que se había ganado desde 1978 hasta 2009, como también han advertido entidades como el Cercle d'Economia o la patronal catalana Foment del Treball. Y, a su vez, alertan de los impactos que han provocado los acuerdos de investidura sobre el estado de derecho que, a su juicio, "deberían ser objeto de reflexión por parte de todos.

En vísperas de la investidura de Pedro Sánchez tras los acuerdos con ERC, Junts, el PNV y otras fuerzas, el Instituto de la empresa Familiar (IEF), que agrupa a en torno a un centenar de las principales compañías españolas controladas por parientes y sus 18 asociaciones territoriales, ha querido destacar a través de un comunicado que la Carta Magna ha supuesto "45 años de convivencia constitucional y prosperidad económica".

En la misma nota hacen un llamamiento a las fuerzas políticas democráticas para que "impere la responsabilidad, la moderación y el firme respeto a los pilares fundamentales, que han posibilitado que España sea la sociedad libre, dinámica y moderna de la que hoy disfrutamos".

Honda preocupación

Tras destacar la legitimidad del Gobierno que surja tras las sesiones del Congreso de este miércoles y jueves, estas compañías subrayan que "debiera generar honda preocupación constatar la contundente respuesta que esos acuerdos de investidura han suscitado en instituciones y asociaciones tan centrales en nuestro sistema de administración de justicia como el Consejo General del Poder Judicial, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces por la Democracia, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, la Asociación Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales, entre otras". 

Sin pronunciar la palabra amnistía, este colectivo empresarial, que representa el 60% del producto interior bruto (PIB) y el 70% del empleo privado, considera que las advertencias de estos organismos y entidades sobre el impacto de los pactos de gobernabilidad sobre el estado de derecho "deberían ser objeto de reflexión por parte de todos". "La estabilidad institucional y el estado social y democrático de derecho que nuestra Constitución nos brinda nos han dado las mayores cotas de libertad y prosperidad de las que España ha gozado en su historia", insisten. Y alertan sobre "la ruptura de los amplios consensos que se forjaron en torno a la Constitución de 1978", que, a su entender, "podría alejarnos del mejor periodo de nuestra historia reciente".

Renta per cápita

Tanto el IEF, presidido por Andrés Sendagorta, como sus organizaciones territoriales recuerdan que han mantenido "una escrupulosa defensa y respeto por el marco institucional" y que durante los 45 años de vigencia de la Constitución se han sucedido con total normalidad las alternancias en el gobierno y se han alcanzado hitos tan remarcables como la mayor descentralización territorial, política y administrativa de nuestra historia. A su vez afirman que desde 1978 hasta 2022, la renta per cápita de los españoles ha pasado de 4.356 dólares a 29.350 dólares, multiplicándose por casi siete veces, "siendo este el período más próspero de nuestra economía".

Pero alertan de la existencia de nubarrones negros. "Sin embargo, en los últimos años, la polarización de la vida política, el frentismo y la política de bloques parecen cuestionar y poner en riesgo los incontestables logros de nuestra democracia". Las empresas familiares destacan que España "necesita amplios consensos políticos y sociales para acometer reformas estructurales de calado en el ámbito político y económico con las que combatir algunos problemas destacados en el ámbito institucional, económico y social, tales como el desempleo, el fracaso escolar, el desequilibrio presupuestario o el preocupante nivel de endeudamiento público, entre otros".

Y la ausencia de estos acuerdos y, por tanto de las reformas "se traduce ya en una sostenida pérdida de competitividad de nuestro país que se refleja en el deterioro de nuestra tasa de convergencia con las demás economías europeas". Si en el año 2009 la renta española representaba el 82,4% de la media europea, desde entonces hemos descendido de forma constante hasta el 78,4% de 2022, aseguran.