El Supremo avala el “Decreto Ábalos” de VTC y rechaza pagar 237,5 millones a Cabify

El Tribunal Supremo ha rechazado un recurso presentado por Vector Ronda, una filial de Cabify, que solicitaba al Estado una indemnización de 237,5 millones de euros por la aprobación en 2018 por parte del Gobierno de un decreto que traspasaba a las comunidades autónomas las competencias de las licencias VTC en materia urbana. El Alto Tribunal avala así esta normativa –conocida como “Decreto Ábalos” por ser titular del Ministerio de Transportes en ese momento el socialista José Luis Ábalos–, que en la práctica limitaba las autorizaciones VTC al ámbito interurbano, con un periodo transitorio de 4 años que concluyó el año pasado.

La empresa argumentaba que este periodo no compensa “todos los perjuicios” causados por esta norma, principalmente los económicos, al tener que dejar de prestar el servicio urbano si así lo decidían las autonomías pasados esos cuatro años. En concreto, Vector Ronda interpuso el recurso para proteger sus 2.192 licencias de VTC, calculando un perjuicio total de 237 millones de euros, a razón de 164.320 euros por cada licencia en Madrid, 74.678 euros por licencia en Catalunya y 34.810 euros por licencia en Andalucía, Valencia y Castilla-La Mancha.

La sentencia comparte los argumentos de la Abogacía del Estado, al entender que las autorizaciones de VTC “no consolidan derechos adquiridos”, por lo que no son generadoras de derechos patrimoniales consolidados o adquiridos.