Los parques de Val do Folgoso y Monte dos Porcallos, previstos en los concellos pontevedreses de Lalín, Rodeiro y Dozón y con líneas de evacuación de paso también por Vila de Cruces y Silleda, simbolizan la maraña administrativa, política y social que ensombrece al sector eólico en Galicia en pleno auge de la transición energética. Ambos proyectos, de 56 megavatios (MW) cada uno e impulsados por Capital Energy a través de su filial Green Capital Development, se toparon con un fuerte rechazo vecinal en las zonas afectadas por la proximidad de los aerogeneradores a las casas. El estudio de impacto medioambiental y la solicitud de autorización administrativa previa salieron a exposición pública el 9 de marzo del pasado año. A tratarse de instalaciones con una potencia superior a los 50 MW, la tramitación correspondía al Ministerio para la Transición Ecológica. No se llegó a completar. La promotora optó por dar marcha atrás y recuperar los avales depositados por los permisos de conexión a la red eléctrica, una opción abierta por el Gobierno hasta el pasado 23 de enero para todos aquellos proyectos que tenían difícil, o directamente imposible, superar la evaluación ambiental. Y no fueron los únicos parques en retirada.
La última actualización de Red Eléctrica de España (REE), encargada de dar o denegar las autorizaciones para enchufar los parques, revela que a 31 de enero de este año quedaban en Galicia un total de 8.900 MW en instalaciones con permiso concedido, pendientes aún de construcción. Son 500 MW menos que a finales del pasado año. Durante el primer mes de este 2022 no entró en el sistema ningún parque operativo nuevo. ¿Qué pasó entonces para que baje la potencia en espera? Que vencía el plazo previsto por el Ejecutivo para pinchar, al menos en parte, la burbuja eólica acumulada desde el parón por la reforma energética de 2013 y el acelerón ahora de la descarbonización de la economía.
En una misma norma, el Real Decreto Ley 29/2021 de medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables aprobado el 21 de diciembre, el ministerio actuó sobre los dos principales problemas de los permisos de enganche. Para aquellos proyectos aparentemente viables y en riesgo de perder su enchufe por la caducidad de la autorización –al no contar todavía con el sí a su informe de impacto y el resto de consentimientos administrativos, sobre todo por la lentitud de tramitación en las comunidades–, el departamento dirigido por Teresa Ribera aflojó los plazos, ampliándolos nueve meses más. A los promotores de parques fallidos se les ofreció la alternativa de retirar el proyecto y rescatar los avales depositados para acceder al sistema eléctrico de 40.000 euros por cada MW.
Galicia era la comunidad con más potencia eólica embolsada y es también donde más megavatios se cayeron en enero, aprovechando la vía del reintegro del aval. Los proyectos con permiso de conexión de REE sin operar se redujeron en 400 MW en Asturias; en 300 en Castilla y León; otros 200 desaparecieron en Cataluña y en Extremadura; y descendieron en 100 en Cantabria, Navarra y País Vasco. En total, la generación solicitada pendiente de ejecutar bajó un 4,7% en toda España, hasta los 42.700 MW, según la compañía encargada del transporte y la operación de la electricidad en España. La merma en fotovoltaica fue mucho menor, de solo el 0,7%, con 101.600 todavía en cartera.
En la región existen, además, otros 2.100 MW de eólica que en estos momentos están tramitando la autorización de acceso. En enero no se presentó ningún proyecto más. REE rechazó el permiso para otros 2.400 MW porque las compañías querían unirse a nudos que ya están saturados o a subestaciones que ni figuran actualmente en el sistema, ni se espera que estén. Entre eólica y fotovoltaica, en todo el país se aglomeran 144.300 MW en potencia con derecho a conexión –el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) contempla la puesta en marcha de 60.000 MW en renovables hasta 2030– y 23.700 MW a mayores en camino. Las denegaciones superan los 125.000 MW.
Coincidiendo con la celebración ayer del Día Mundial de la Energía, la ministra para la Transición Ecológica publicó una tribuna en Euroefe.com y EFEverde.com de la Agencia EFE junto con Euractiv.com, donde apeló a “acelerar la transición energética para reducir nuestra dependencia del gas”, culpando a esto último de la “escalada sin precedentes” del precio de la electricidad.
Ni siquiera una potencia renovable como Galicia ha podido escapar de esa fuerte presión de los costes del gas. Las centrales de ciclo combinado son, con mucha distancia del resto, la tecnología que más incrementó su aportación al mix de generación de la comunidad el pasado ejercicio. Su producción alcanzó los 3.249 gigavatios/hora (GWh) entre enero y octubre, casi un 82% más que en los mismos meses de 2020, cuando la demanda estaba aletargada por los efectos de la pandemia en la actividad económica. El consumo se recupera, aunque sin espectaculares avances, únicamente un 0,6%, posiblemente por las medidas que la industria ha desplegado para mitigar el encarecimiento de la electricidad.
A la cabeza de la generación eléctrica en Galicia, según los últimos datos de REE, se mantiene la eólica, aunque su contribución cae un 2,6% (7.495 GWh) por el menor viento y la falta de nuevos parques en operación. La hidroeléctrica creció un 9,6% (6.764 GWh).
