Aislamientos Térmicos de Galicia (Aister), Electromecánica del Noroeste, Norinver, J.J. Naval, Hermanos Ramallo o Maga Vigo. Son una pequeña muestra de las más de 50 empresas que, además de haberse visto atrapadas por el enésimo –y definitivo– proceso de insolvencia de Factorías Vulcano, acaban de caer ahora también en el agujero negro de Hijos de J. Barreras. Una concatenación de impagos que se ha llevado por delante, por ejemplo, a Gama Aplicaciones Industriales (fue a disolución con 47 trabajadores) o Viguesa de Carpintería y Poliuretano (Vicarpo, con 11). Solo en el primer año de la pandemia, la mitad de las casi 300 empresas agrupadas en el clúster Aclunaga se vieron obligadas a prescindir de personal. “Para el sector sería fundamental contar con mecanismos de protección ante impagos de clientes, tanto nacionales como extranjeros”, defiende el gerente de esta organización, Óscar Gómez. A su juicio, es preciso un “pacto empresarial” que impida la penalización recurrente que sufren las proveedoras.
La exposición de las auxiliares ante pedidos de fuera de España ya cuenta a día de hoy con un escudo protector. “Son posibles –abunda el portavoz de Aclunaga– por mecanismos vinculados a la exportación”, como los que articula la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), participada de forma mayoritaria por el Estado. La cuestión no resuelta está en los contratos que se firman con clientes españoles. “En nuestro caso, se hace muy necesario cerrar la protección de impagos en el circuito naval nacional, lo que requeriría de un pacto empresarial para la creación de fondos conjuntos de aseguramiento”. Para Óscar Gómez, este blindaje debería completarse con los que ya conocen y utilizan a día de hoy las auxiliares, firmados con las “compañías de referencia en seguros. En el Evrima, por ejemplo, ya se ha contado con apoyo de empresas aseguradoras, si bien los importes han sido muy altos en un solo barco”.
Las liquidaciones de Vulcano y Barreras han sido las últimas de una extensa lista, porque la industria auxiliar de construcción naval, compuesta principalmente por pymes, se ha visto expuesta en la última década a otros cierres: Astilleros de Sevilla, MCíes, Factoría Naval de Marín o La Naval de Sestao. Y, antes, había tenido que asumir quitas mayúsculas.
“Dèjá vu”
En marzo del año 2000, Factorías Vulcano solicitó el concurso –antes suspensión de pagos– con una deuda de 58 millones de euros, a la que se le aplicó una quita del 90%; los acreedores perdieron más de 52 millones. En su penúltima insolvencia –y la segunda en diez años–, Pymar allanó el acuerdo perdonando al astillero 49 millones; todos los proveedores tuvieron que digerir una quita del 80%. El escenario era dantesco para el sector (2012), sumido en la crisis del tax lease y con Barreras negociando su propio rescate. Con un pasivo de 71 millones, el astillero presidido entonces por José García Costas aplicó quitas del 80%, con el voto en contra de las auxiliares más pequeñas (entre todas sumaban facturas sin cobrar por algo más de 300.000 euros). Algunas quedaron en el camino.
En suma, entre los concursos de 2000 y los dos de 2011, Factorías Vulcano e Hijos de J. Barreras hicieron perder a sus acreedores 216,2 millones de euros.
Abanca, “pillada” en el proceso con avales y pagarés
Abanca es la única entidad financiera personada en el concurso de acreedores de Hijos de J. Barreras. Según ha trasladado al Juzgado de lo Mercantil 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, tiene en vigor tres operaciones: un aval del astillero frente a la Agencia Tributaria (60.000 euros), un pagaré rechazado y ya vencido en favor de la viguesa Vicarpo (56.500 euros) y un aval sindicado vinculado al proyecto de construcción del ferri de Naviera Armas. En este último caso –la operación se hizo a través de la naviera Afortunadas Shipping–, su exposición supera el millón de euros. Vicarpo está actualmente en proceso de liquidación.
