Transición Ecológica ya no sabe cómo decir que no al enganche del polígono de Balaídos, y por extensión, de la mayor planta de automóviles de España y de la ciudad de Vigo, a la red de Muy Alta Tensión (MAT), una infraestructura que la multinacional del motor con mayor peso industrial en España –con tres factorías y más de 16.000 trabajadores directos– califica de prioritario para el mantenimiento del sector del automóvil en Galicia y que el Ministerio retiró de la planificación de Red Eléctrica de España (REE) hasta 2026. Después de las alegaciones presentadas el año pasado por la propia empresa y la Xunta, la ministra, Teresa Ribera, le limitó ayer a decir tras reunirse con Núñez Feijóo que tiene una “conversación pendiente” con Stellantis, a la que pide que detalle sus argumentos y sus previsiones de potencia porque no ve “justificada” esa conexión. Es decir, la ministra reclama al grupo francés unos informes que el Ministerio ya tiene en su poder desde hace años y que han vuelto a enviarse en el periodo de alegaciones, hace apenas unos meses.
“Hay que ver exactamente qué es lo que se necesita y, en su caso, qué alternativas hay que puedan ser más beneficiosas para la propia planta”, llegó a asegurar Ribera, pese a que existe un informe técnico elaborado por expertos de la Universidad de Vigo que concluye que no hay posibilidad de mejora en la red de 132 kilovoltios que llega a la factoría pese a los millones de euros invertidos desde hace más de una década por la compañía para evitar los huecos de tensión (microcortes) que provocan pérdidas de producción y averías. Informe, por otra parte, también en manos del Ministerio, como ya publicó este periódico.
Transición Ecológica tiene dudas sobre un proyecto justificado y estratégico para la automoción gallega, una conexión que en Cataluña sí se autorizó a un laboratorio con las mismas condiciones.
La ministra, por el contrario, reivindicó la “oportunidad” que se abre para Galicia por su “enorme potencial” en el desarrollo de la energía eólica tanto terrestre como marina. La implantación de parques eólicos está provocando protestas vecinales en distintos puntos del territorio gallego. Teresa Rivera cree que es una preocupación “legítima” y defiende que hay que “encajar las piezas”, ya que “no es todo o nada”. También trasladó que hay muchos proyectos que no saldrán adelante porque no cumplen la normativa.
El presidente de la Xunta, Alberto Nuñez Feijóo, trasladó a la ministra la necesidad de “buscar acuerdos” para desarrollar la industria eólica. “Es imprescindible”, apostilló. “Tenemos que tener más energía verde en nuestro país. Queremos hacer parques eólicos cumpliendo la legislación medioambiental, asegurando los derechos de las personas en el territorio e incrementando la capacidad energética de España”, defendió.
Y de nuevo Feijóo mostró su preocupación por el encarecimiento de la energía y su impacto sobre la industria electrointensiva. Por ello, avanzó que la Xunta introducirá un artículo en la Lei de áreas empresariales para dar prioridad en la tramitación a las empresas que construyan parques eólicos si destinan el 50 por ciento de la energía que produzcan a la industria a través de contratos de precio fijo de energía.
Respecto a Ence no hubo coincidencia en las posturas defendidas por Feijóo y la ministra de Transición Ecológica. El presidente de la Xunta apuesta por incluir a la pastera dentro de los terrenos de la zona portuaria de Marín para dar así cobertura legal a su permanencia en la ría. Sin embargo, Teresa Ribera apuesta por “pensar en otras alternativas”. “Sabemos que el traslado es más fácil en las zonas calificadas como de transición justa porque cuentan con fondos europeos”, explicó. En este sentido, pidió la “implicación” de la Xunta para hallar un emplazamiento a Ence.
En cuanto a Alcoa, la ministra sí se mostró receptiva a la propuesta de la Xunta de no esperar hasta 2024 para activar las cubas. “Se puede anticipar el calendario. Es una hipótesis en la que hay que trabajar”, señaló.
