Después de haber alcanzado un defectuoso acuerdo social para la reforma de las pensiones, del que se han descolgado los empresarios a última hora, el Gobierno se ha embarcado en una negociación política exprés del proyecto de ley para gran descontento de los grupos parlamentarios. En solo dos días (ayer y el lunes 22) ha empezado y debe terminar la tramitación parlamentaria del proyecto de ley en el Congreso, antes de pasar al Senado. Si no es así, el Gobierno difícilmente podrá cumplir el plazo comprometido con Bruselas para que la reforma esté en vigor el 1 de enero y poder acceder al segundo tramo de 12.000 millones de fondos europeos.
Después de una reunión “muy tensa” ayer –según los portavoces parlamentarios consultados– Gobierno y ERC se han dado de plazo el fin de semana para llegar a un acuerdo antes del lunes, cuando se votará en el Congreso el proyecto de ley para su remisión al Senado. Si el lunes gana el no el proyecto de ley que revaloriza las pensiones con la inflación –entre otras medidas– podría ser tumbado y devuelto al Gobierno.
“Nos espera un fin de semana largo de negociaciones. En este momento no sale la ley”, reconoció ayer el portavoz de ERC en la Comisión del Pacto de Toledo, Jordi Salvador. Los diputados de esta formación pretenden que el proyecto de ley incorpore algunas de las enmiendas de su grupo. De todas ellas, la más preciada es la que propone elaborar “un informe de auditoría de la Seguridad Social” que, según Salvador, debería servir para demostrar que las cotizaciones de los trabajadores han servido para financiar políticas de todo tipo en los últimos años, incluidas bonificaciones a empresarios.
Desde el punto de vista de ERC esta demostración serviría para desarmar “los argumentos de la derecha” y los discursos catastrofistas que quieren subrayar la falta de sostenibilidad del sistema y la necesidad de recortes. “Nuestra posición es un no, pero hemos dado un balón de oxígeno al Gobierno para seguir negociando este fin de semana” añadió.
Hay mucho nerviosismo entre los portavoces consultados por si la reforma podrá salir definitivamente adelante. Y la bola de partido se jugará el lunes, a partir de las 11.30 horas, en que se ha convocado la Comisión del Pacto de Toledo para debatir las enmiendas de los grupos parlamentarios hasta la hora del almuerzo y aprobar rápidamente la remisión del proyecto de ley al Senado. Los portavoces de la posición se quejaron del “atropello parlamentario” que suponen estos plazos de tramitación, “sin dar tiempo para presentar propuestas ni para el debate”, según el PP.
Los acontecimientos se han ido precipitando en los últimos días. El lunes 15 de noviembre, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, dio por concluida la negociación con los agentes sociales para el diseño del nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Este incluye una subida de 0,6 puntos de las cuotas sociales durante 10 años para acumular 42.000 millones fondos en la hucha de la Seguridad Social con los que afrontar la jubilación de los baby boomers. La propuesta del MEI solo contó con el apoyo de los sindicatos. La patronal la rechazó.
El 18 de noviembre, Escrivá compareció en la Comisión del Pacto de Toledo para explicar su propuesta para poner en marcha el MEI. Todos los grupos de la oposición le manifestaron su malestar.
Ayer, en el trámite parlamentario que se conoce como ponencia del proyecto de ley de reforma de las pensiones, quedó incorporado en el texto la propuesta del MEI. El lunes, la comisión del pacto debatirá el proyecto de ley y lo votará con competencia legislativa plena antes de su remisión al Senado. Dado el rechazo expresado por PP, Cs, Vox y algunas formaciones del grupo mixto, el apoyo de ERC y el PNV serán esenciales para su aprobación.
