El foco de la reforma laboral del Gobierno está fijo ahora en cómo rebajar la temporalidad. Tras la reunión del pasado miércoles y ya pensando en la siguiente, el Ejecutivo le da vueltas desde hace días a la fórmula que le permita rebajar los actuales índices de eventualidad en el mercado laboral español –los más altos de la Unión Europea– y que esta contente a patronal y sindicatos. Del tope generalizado del 15% que puso sobre la mesa para desencallar las negociaciones, este vira ahora hacia recetas más específicas. Y encima de la mesa del diálogo social hay dos vías sobre la que ya se ha debatido en anteriores reuniones: fijar topes máximos de temporalidad en función de los sectores y/o escalonar dichos porcentajes según el tamaño de las compañías. El tope del 15% de eventuales incomodaba al ala socialista del Gobierno y, desde la reciente crisis en la coalición, el Ejecutivo está estudiando como reformularla.
“Hay una propuesta en la que coincidimos todos que es volver a la causalidad, es decir, que el contrato ordinario es el indefinido y que habrá que justificar un contrato temporal”, afirmó ayer la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en un acto de la UGT. Y pese a que desde Trabajo quieren redirigir los esfuerzos de la mesa de negociación a hablar de esa causalidad, el foco de divergencia que previsiblemente protagonizará la reunión del próximo miércoles será ese tope generalizado del 15% de temporalidad.
La paternidad (o maternidad) de la cifra, que figura explícitamente en el último borrador trasladado a los agentes sociales, no está clara. Pero lo que sí han manifestado en público todas las partes es que no están totalmente conformes con la misma. Díaz ha venido insistiendo en que la idea “no ha salido” de su departamento. Los sindicatos no quieren sacar de la mesa el porcentaje, pero tampoco ven claro dejarlo solo en un índice general e igual para todo el mundo. Y la patronal también reniega de una fórmula generalizada y apela directamente a evaluar sector por sector.
La idea de introducir matices dentro de ese porcentaje general de temporalidad ya está presente en el primer borrador que originó la polémica. En él se habla de un porcentaje general del 15% “o el porcentaje inferior que, en su caso, establezca la negociación colectiva” por sector. La patronal se muestra partidaria de diseccionar este tema por gremios. “En la temporalidad habrá que ir por sectores”, declaró el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ayer desde Córdoba en el XX Congreso de Directivos CEDE.
Las centrales, por su parte, tienen planteamientos similares, pero con sus matices. Desde UGT apelan a que, si finalmente se ponen encima de la mesa porcentajes, algunos sectores tuvieran periodos de transición para rebajar sus indicadores de eventualidad hasta niveles pactados. “No tiene sentido partir del mismo porcentaje en un sector como el campo, con empresas con más del 60% de eventuales, que en la Seat, donde hay menos del 8%”, afirma una fuente sindical. En CC OO, por su lado, ponen especialmente el acento en estudiar porcentajes escalonados en función del número de trabajadores que tenga cada empresa.
Los sindicatos, no obstante, no han sido entusiastas nunca de fijar una cifra tope para todos, pues entienden que ello puede legitimar a ciertas empresas a realizar contratos eventuales en fraude, pero dentro de ese límite legal. En este sentido, coinciden con Trabajo, que tanto en público como en privado han querido priorizar la reforma de las causas de los contratos.
El último documento en negociación plantea que ningún contrato temporal pueda superar el año de duración y solo podrán justificarse por picos anómalos de la actividad –aquí no cuenta la estacionalidad– o para cubrir vacaciones y bajas. Y contempla que, en caso de que la empresa hubiera registrado de manera fraudulenta dicho contrato, es decir, incumpliendo las causas objetivas, el contratado temporal pasaría automáticamente a fijo.
Fainé reclama que se preserve la seguridad jurídica
El presidente de la Fundación CEDE (Confederación Española de Directivos y Ejecutivos), Isidro Fainé, afirmó ayer que hay que “construir y preservar un marco regulatorio que sea fiable –de modo que proporcione seguridad jurídica– e inteligente, porque se puede hacer compatibles la eficiencia con la equidad. Durante el discurso de clausura del 20 congreso de directivos CEDE en Córdoba, al que asistieron el rey Felipe VI y la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, aseguró que “las empresas españolas están capeando el temporal con aplomo y coraje” compartiendo esfuerzos con el resto de agentes sociales y las administraciones, al igual que hicieron los presidentes de Naturgy, Francisco Reynés; y de Agbar, Àngel Simón, en una de las sesiones . “Es cierto que se han producido daños y algunas bajas, pero el tejido empresarial se ha mostrado resiliente, desmintiendo todos los pronósticos agoreros realizados meses atrás”. Ante varios centenares de directivos Fainé alertó de los riesgos que habrá que afrontar cuando se retiren los estímulos que se impusieron para superar la crisis. “Habrá que ver cómo camina el paciente cuando le quiten las muletas”, dijo.
