El Consejo de Ministros aprobó ayer el “proyecto de Ley por el que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico”, que no es otra cosa que el recorte de los beneficios extra que reciben las centrales eléctricas, principalmente hidráulicas y nucleares, por el alza de los precios del CO2. El texto se envía ahora al Congreso pero con algunas modificaciones, tras las alegaciones de las compañías y la revisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y del Consejo de Estado, entre las que destaca la rebaja del pretendido hachazo a las eléctricas de los 1.000 millones de euros a unos 625 millones de euros.

Es decir, el recorte ya no será de cerca del 25% de los ingresos de centrales nucleares y hidráulicas, como estipulaba el texto del anteproyecto, sino que supondrá alrededor del 16% de la facturación media de estas instalaciones, según explicó ayer la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Energética y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

El Gobierno ha incluido un total de tres modificaciones en el texto del anteproyecto con el objetivo de garantizar la “solvencia” del proyecto de ley. Por un lado, ha establecido un umbral mínimo del precio del CO2 de 20 euros la tonelada, el precio medio de la misma en los últimos cinco años, a partir del cual se activa esta medida. Una propuesta de la CNMC que tiene como objetivo, según Ribera, garantizar la “rentabilidad y viabilidad de la plantas”. “Ninguna planta puede alegar que quede por debajo de la rentabilidad que haga viable su funcionamiento”, añadió.

Ribera adelantó el momento que determina a qué plantas se aplica, que en vez de ser la fecha en la que se aprobó la Ley de comercio de derechos de emisión en el sistema español (2005) será cuando esta norma quedó aprobada en el diario oficial de la Unión Europea, dos años antes.