El Supremo invalida una de las políticas de Ryanair con el equipaje

Considera abusivo que la maleta del pasajero fuera en otro vuelo

Ángeles Vázquez

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha declarado nulas por abusivas, como pedía la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), dos de las cláusulas del condicionado general del contrato aéreo de pasajeros de Ryanair: la que establecía la posibilidad del envío en vuelo distinto al pasajero del equipaje y la relativa a su sumisión al derecho irlandés para interpretar el contrato.

El Supremo declara nula la cláusula por la que la compañía podía decidir, “por motivos de seguridad u operatividad”, transportar el equipaje en un vuelo distinto al del pasajero. La sentencia admite que puede haber casos que justifiquen una excepción a la regla de que el pasajero y su equipaje viajen juntos, pero no con una cláusula tan genérica que deja “a la voluntad del transportista desplazar o no el equipaje facturado en el mismo vuelo bajo la invocación de unas inconcretas y absolutamente inespecíficas circunstancias de seguridad u operatividad”.

También declara nulo el inciso que establecía que “salvo por disposición en contrario del convenio o la legislación aplicable, el contrato de transporte, los términos y condiciones de transporte y nuestros reglamentos se regirán e interpretarán de conformidad con la legislación de Irlanda”. El Supremo considera que esa cláusula es abusiva porque la sumisión a la ley irlandesa “causa un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes y obstaculiza el ejercicio de acciones judiciales o de recursos por parte del consumidor”, ya que “tiene como resultado que el consumidor español deba informarse de la ley irlandesa, si quiere conocer sus derechos y obligaciones contractuales y probar el contenido de dicha ley en cualquier reclamación judicial”.

Explica que “para enjuiciar el carácter abusivo de la cláusula de elección de ley no hay que acudir” al derecho irlandés o al español, su “abusividad deriva del Reglamento Roma, que determina que la ley aplicable a un contrato en defecto de elección será la ley española si el consumidor tiene su residencia habitual en España y es el lugar de origen o destino de viaje”.