Fumata blanca en los ERTE del COIVID. El Gobierno, la patronal y los sindicatos cerraron ayer un acuerdo para prorrogarlos hasta el 30 de septiembre. Los empresarios ratificaron en junta directiva el contenido del acuerdo y los sindicatos hicieron lo propio. El Ejecutivo ha salvado así los escollos con los agentes sociales y hoy el Consejo de Ministros extraordinario aprobará una nueva renovación que cubre toda la campaña de verano y da seguridad a los 600.000 trabajadores que están en un expediente de este tipo.
Finalmente, el ministro José Luis Escrivá consiguió convencer a la patronal de incorporar incentivos para las empresas que reactiven a trabajadores en ERTE, a costa de mejorar ostensiblemente sus últimas ofertas. La cúpula de CEOE votó sí “por unanimidad la última propuesta remitida por el Gobierno sobre los ERTE al entender que se adecua a las necesidades de las empresas, especialmente para aquellas que peor situación y perspectivas para los próximos meses tienen», trasladaron fuentes de la patronal.
Seguridad Social
El quid de la negociación ha estado desde hace una semana en cuánto dinero los empresarios dejan de pagarle a la Seguridad Social por sus trabajadores en ERTE. Y para que acepten el sistema de incentivos que tanto rechazo les ha generado, Escrivá puso encima de la mesa mayores exoneraciones sobre las cotizaciones sociales. Tanto para aquellas empresas que puedan sacar a trabajadores de su ERTE, como para los tengan que seguir en el mismo.
Pues el esquema que tuvo el titular de Seguridad Social entre ceja y ceja y que defendió durante toda la negociación es que parte de las empresas necesitan un empujoncito para sacar a sus plantillas de los ERTE.
El ministro considera que cuánto más tiempo permanezcan estas en suspensión más probabilidades tienen de no volver a salir y arrastrar la empresa a los despidos o al cierre por la falta de actividad. Es por ello que urdió dichos incentivos, que ya impuso en la prórroga de los ERTE del pasado verano. Este razonamiento no ha gustado nunca a los agentes sociales, que consideran que las empresas no deciden si reactivan o no a sus trabajadores en función de las ayudas, sino de la demanda y que todos los recursos debían volcarse hacia los sectores más vulnerables.
Finalmente, según explicaron fuentes conocedoras de las conversaciones, las empresas de los sectores especialmente protegidos que tengan menos de 50 empleados podrán dejar de pagar el 95% de las cotizaciones de los trabajadores que salgan del ERTE (de junio a septiembre) y el 85% para los que permanezcan en suspensión hasta agosto y el 70% en septiembre. Por otro lado, si la empresa tiene más de 50 trabajadores dejará de pagar el 85% de las cotizaciones (de junio a septiembre) de aquellos trabajadores que salgan del erte. Y para los que se quedan, dejará de pagar el 75% entre junio y agosto y en septiembre, el 60%.
En el caso de los ERTE por limitación, es decir, aquellos a los que recurre una empresa por tener parte de su actividad limitada (ejemplo: un bar con limitación de aforo), las exoneraciones no establecen distinciones y quedan de la siguiente manera: las empresas de menos de 50 empleados podrán descontarse el 85% durante junio y julio y el 75% durante agosto y septiembre. Mientras que las compañías de mayor tamaño, podrán descontarse el 75% durante junio y julio y el 65% durante agosto y septiembre.
