Cuando el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción determinó que la concesión de la que disfrutaba Factorías Vulcano –adquirida por Astilleros San Enrique, tras comprar los activos por la liquidación de la primera– estaba extinguida, la nueva propiedad puso sobre la mesa una opción para continuar en los terrenos: un nuevo derecho de usufructo para continuar en Teis durante 40 años más. No podrá ser.
Y así lo acaba de dejar zanjado el Gobierno a través de una respuesta por escrito depositada en el Congreso: “No se puede negociar con las empresas, sino que se deben cumplir los requisitos y procedimientos del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante”. El diputado de Unidas Podemos Antón Gómez-Reino había cuestionado al Ejecutivo central por sus planes para esos 25.000 metros cuadrados en litigio.
El procedimiento
“La Autoridad Portuaria de Vigo tramitará formalmente el expediente de extinción de la concesión de conformidad con la normativa portuaria y con la sentencia del Tribunal de Conflictos”, abunda el documento, en el que agrega que la institución que preside Jesús Vázquez Almuiña “debe aplicar la normativa que rige el otorgamiento de posibles nuevas concesiones o autorizaciones en el dominio público portuario”. Así las cosas, y como ha defendido el propio presidente del Puerto –y su predecesor en el cargo, Enrique López Veiga–, el proceso para la aprobación de una nueva concesión debe ser de libre concurrencia competitiva.
La Xunta defiende la continuidad de la actividad naval en ese espacio, por el que los dueños de San Enrique –Grupo Argos, de José Alberto Barreras– pagaron 7,85 millones de euros, incluida la parte privada. Madrid, zanja la respuesta, “es siempre partidario del desarrollo de la actividad industrial, como la construcción naval, siempre bajo el respeto a los procedimientos establecidos y a las sentencias ocurridas”.
