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La nueva Vulcano pedirá una concesión de 40 años para sortear el revés del Supremo

Vista aérea de las instalaciones de Astilleros San Enrique, con la concesión del Puerto.

Vista aérea de las instalaciones de Astilleros San Enrique, con la concesión del Puerto. Ricardo Grobas

Factorías Vulcano fue artífice de algunos de los principales hitos del naval en la ría de Vigo: unidades como el Polar Duchess, Mar Adriana, Boa Deep C o la serie de megaarrastreros para Rusia –los pesqueros más grandes hechos nunca para ese país– llevan su sello. En sus últimos años, no obstante, su nombre se asoció más veces a un concurso de acreedores que a un nuevo proyecto.

El tribunal reprueba al Mercantil y da la razón al Puerto: el astillero perdió el derecho de uso sobre los terrenos en litigio en julio de 2019 | Los sindicatos reprueban la decisión judicial

Su última quiebra –la cuarta en dos décadas– no solo fue la definitiva, sino que también enterró las opciones de dar continuidad a la actividad industrial que había iniciado, en 1919, Enrique Lorenzo: la construcción de barcos. Desde el mismo momento en que sus últimos gestores instaron a la liquidación, en julio de 2019, la compañía perdió todo el derecho de seguir disfrutando de los 25.095 metros cuadrados de suelo portuario. La concesión está extinguida. “La caducidad de la concesión (y) su extinción se producen ex lege (por ley) en el caso de disolución o extinción de la personalidad jurídica de la sociedad titular”. Es el fallo inapelable del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, dependiente del Supremo, que acaba de devolver al Puerto los terrenos en litigio. Ya son suyos. Astilleros San Enrique, que hace solo ocho días completaba el pago de 7,85 millones por toda la unidad productiva, pierde la salida al mar. Un varapalo, pero la compañía del veterano José Alberto Barreras (6 de abril de 1932) no se rinde. Peleará por adjudicarse una nueva concesión: la quiere 40 años.

La sentencia del Alto Tribunal –el máximo responsable del Supremo, Carlos Lesmes, ha actuado como presidente de la sala– ha dado la razón a la entidad que preside Jesús Vázquez Almuiña, si bien el conflicto jurisdiccional fue planteado por su predecesor en el cargo, Enrique López Veiga. Cuando la administración concursal decidió liquidar Vulcano mediante la venta de la unidad productiva, en vez de por la subasta simple del inventario de la factoría, incluyó los terrenos concesionados dentro del paquete.

Lo valoró en 11,92 millones millones de euros; para aspirar a la compra en una primera fase había que hacer una oferta de, al menos, el 65% de esa cantidad. Fueron los 7,85 millones que puso sobre la mesa Grupo Argos, matriz de Astilleros San Enrique. Pero, en paralelo, el Consejo de Estado emitió un dictamen en el que advirtió que la concesión no podía venderse como parte de Vulcano, porque Vulcano ya la había perdido. ¿Quién tenía la razón? Ahí entró en escena el Tribunal de Conflictos.

Reprobación a Burguillo

La administración concursal y la propia Argos contaron en todo momento con el aval del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo. También de la Xunta, que defendió la continuidad de la actividad naval en esos terrenos. Incluso cuando la Delegación del Gobierno instó al magistrado Sergio Burguillo a inhibirse en el procedimiento –porque la concesión ya había caducado–, el juez no solo perseveró en sus actuaciones, sino que autorizó a los liquidadores Emilio Rodríguez de Dios y Diego Comendador a continuar con la venta de Vulcano. La reprobación del Supremo a Burguillo es clara: “La actuación del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra invade las potestades de la Autoridad Portuaria de Vigo sobre gestión del dominio público portuario”. Y dice más: “No existe ningún elemento que [...] atribuya competencia alguna al juez del concurso sobre el régimen de la concesión”.

La autoridad que preside Vázquez Almuiña deberá decidir si se queda los terrenos –no tiene obligación inmediata de hacer lo contrario– o convoca ya un concurso público. El objetivo de Grupo Argos es presentar un proyecto para la nueva concesión en tres semanas. Ya lo tienen avanzado, como apuntó a FARO el director general de Marina Meridional, cabecera industrial de Argos, Juan Moreno Portillo. “Ya sabíamos que siete años no era suficiente –la concesión de la antigua Vulcano, de no haber quebrado, expiraba en diciembre de 2027–, pero no es lo mismo una renovación que empezar de cero”. El plan industrial que presentarán al Puerto para quedarse con esos 25.000 metros cuadrados “es el mismo”, aunque incluirá “nuevas inversiones” para la renovación de maquinaria, carro de varada o almacenes. Y la incorporación de un socio, que está buscando en China.

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La nueva Vulcano negocia pedidos multimillonarios... con la concesión en el aire Marta G. Brea

De momento, el equipo de Moreno solicitará a la Autoridad Portuaria una autorización temporal de ocupación de ese espacio, en tanto no sale a concurso, en el que peleará contra un ejército de empresas interesadas. Astilleros San Enrique no podrá pleitear contra los administradores concursales por el riesgo inherente que conllevaba la operación: sabía que podía perder la concesión administrativa. “Como quiera que la Autoridad Portuaria ha presentado reclamación judicial, en el supuesto de que dicha Autoridad obtuviera judicialmente la pretensión reclamada, ésta no afectará a la perfección de esta compraventa, entendiéndose perfecta y válida, si bien la concesión no formaría parte de los activos de la unidad productiva objeto de compraventa”, reza textualmente la escritura de la operación.

Puerto y Xunta no ofrecieron ayer una valoración sobre la sentencia. Sí lo hizo el expresidente de la primera entidad, Enrique López Veiga, que fue duramente criticado –por sindicatos o asociaciones como Asime– por defender la extinción de la concesión. “Es una satisfacción personal, en todo momento actué conforme a lo dispuesto en la legislación”, indicó a este periódico. “No fue un capricho; el Puerto tenía la razón”. López Veiga incide, además, que la verdadera necesidad a colmar por parte de la entidad portuaria es la de espacios logísticos. “Yo no se la daría”. También los sindicatos reaccionaron al fallo del Supremo, pero de forma radicalmente distinta. CC OO, UGT y CIG arremetieron contra lo que consideran un “nuevo golpe” a la industria naval. CC OO lamentó que este conflicto se haya resuelto “de la peor manera” para los intereses del naval de la comarca viguesa y de toda Galicia. “Es una piedra más en el tortuoso camino que los trabajadores de la extinta Vulcano, así como los de la industria auxiliar del naval, tienen que sufrir por falta de apoyos. Por su parte, la federación de Industria de UGT reivindicó que ha llegado “la hora de la política con mayúsculas”, e instó a Almuiña a “situarse al frente y dar una solución viable y rápida” a la situación. Para la CIG, por último, la sentencia evidencia “el nulo interés del Estado en apoyar el sector naval vigués”.

Un día festivo... sin nada que celebrar

José Alberto Barreras Barreras nació un 6 de abril de 1932, como recordaron a FARO empresarios del sector cuando, el pasado verano, se postuló por sorpresa para comprar la unidad productiva de Factorías Vulcano. Había sido accionista del astillero –sus cuitas con los Santodomingo son antológicas–, pero nadie contaba que se lanzara a por él. Lo hizo, y mantiene las espadas en alto. “Desde el primer momento sabían cuál era la postura del Puerto, nunca se les ocultó”, recordó el expresidente de esta entidad, Enrique López Veiga, que el pasado verano se reunió con el propio Barreras. En aquel momento la administración concursal había puesto en cuarentena el proyecto de Grupo Argos, en tanto quería demorar a marzo de 2021 el pago de los 7,85 millones por las instalaciones.

“Le advertí personalmente, y en mi despacho, que la concesión estaba extinguida ex lege”, recuerda López Veiga. Argos trató, en noviembre, de retirar del acuerdo de compraventa el párrafo en el que asumía la posibilidad de perder la concesión. Intervino José Alberto Barreras para calmar los ánimos de los administradores. “Mantenemos íntegramente el precio, tanto si la futura concesión es la que hoy tiene Vulcano a su nombre y que vence en el año 2027, como si en el futuro conseguimos a nombre de Astilleros San Enrique una nueva concesión a más largo plazo. El precio no se toca”. Asumió el riesgo y, de momento, perdió.

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