La nulidad de la venta y la consecuente reversión de las fábricas a Alcoa es, para el comité de empresa, “el único resultado posible” del proceso judicial que esta semana ha llevado a la intervención cautelar de Alu Ibérica, la sociedad que engloba las plantas de aluminio de A Coruña y Avilés, por indicios de saqueo. El representante de la plantilla gallega, Juan Carlos López Corbacho, insiste en que el actual propietario, Grupo Riesgo, “ocupó las instalaciones ilegalmente” y confía en que el juicio fijado para el próximo día 20 sirva para acreditar el “fraude” del proceso y que las factorías “vuelvan a manos de Alcoa” de manera que la multinacional “se responsabilice y busque una salida industrial”.

La salida que piden no es otra que la venta a otro grupo, con la SEPI como intermediaria, como se está tratando de hacer con la última planta de aluminio de Alcoa en España, la de San Cibrao (Cervo, Lugo). Corbacho ve con buenos ojos la posibilidad de que las dos fábricas gallegas y la asturiana recuperen su unidad bajo la misma propiedad.

“Me gustaría que el grupo se mantuviese unido”, afirma el presidente del comité, que recuerda que la estadounidense entró en España en 1998 comprando once centros de trabajo de la empresa pública Inespal y que “ha querido descuartizarlos”. Actualmente la intención de la Aluminum Company of America es quedarse solo con la refinería de alúmina (materia prima del aluminio) de San Cibrao, su última pica en España.