Agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han tomando esta mañana y de forma simultánea las fábricas de Alu Ibérica (antes Alcoa) en A Coruña y Avilés. Investigan la venta de la fábrica a un presunto grupo criminal. Hasta la empresa de Agrela se han desplazado varios furgones de UIP con agentes uniformados y también policías de paisano. Los agentes han accedido a las oficinas con una orden judicial y han ordenado a los operarios parar la actividad y mantenerse en sus puestos, según ha podido saber este diario.

La raíz de esta operación viene de atrás. A finales de año, María Tardón Olmos, magistrada del Juzgado Central de Instrucción número 3, admitió a trámite –en sintonía con lo dispuesto por la sala de lo penal de la Audiencia Nacional– la querella que interpusieron cinco federaciones sindicales contra Alcoa, Grupo Industrial Riesgo, varias de las filiales de ese grupo, el fondo de inversión Parter Capital, su sociedad instrumental Blue Motion Technologies Holding y Alu Ibérica por el desarrollo de la venta de las fábricas de aluminio de A Coruña y Avilés y los hechos acaecidos desde que se formalizó esa operación.

Ahora bien, añadió entonces la magistrada, “teniendo en cuenta la ausencia de claridad y concreción que se advierte en la querella respecto de algunos elementos que resultan esenciales para una más precisa determinación de las conductas punibles, como la titularidad real de las dos factorías (Alu Ibérica Avilés y Alu Ibérica A Coruña), sus socios, órganos de administración y representación, capital social, situación financiera y cuantos elementos puedan resultar relevantes para determinar su posible solvencia, así como los sucesivos cambios que se hayan producido en las mismas desde el inicio del proceso de negociación, se hace preciso recabar la incorporación de tales informaciones solicitando la intervención de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Y en esas supuestamente están ahora los agentes desplazados en A Coruña y Avilés.

A ellos se les ordena una investigación integral respecto de las personas físicas y jurídicas contra las que se dirige la querella y cuantos puedan guardar relación con el esclarecimiento de los hechos objeto de la misma, de forma previa a resolver sobre las diligencias de investigación propuestas en dicha querella. Y también le corresponderá a la UDEF investigar acerca de los posibles cambios que se hayan producido en la actividad de los gestores de Alu Ibérica, así como la existencia de cualquier investigación que por parte de las autoridades laborales y/o tributarias pudieran haberse seguido contra los querellados, o las consecuencias económicas, en su caso, con determinación de los perjudicados por esos hechos.