La venta de las fábricas de aluminio de A Coruña y Avilés ha llegado a los tribunales. Tras meses de conflicto y protestas de los trabajadores, la Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP), a través de su Asociación Profesional de Cuadros de Alcoa (CCP-APC), ha presentado una querella criminal ante la Audiencia Nacional contra Alcoa Inespal SL –dueño de las instalaciones hasta julio del año pasado–, Parter Capital Group –comprador inicial– y Grupo Industrial Riesgo –actual propietario– por su supuesta implicación en la venta “irregular” de las plantas de Alu Ibérica, firma que engloba a las factorías para las que Alcoa anunció el cierre hace ahora dos años.

La querella insta a la Fiscalía a que investigue el “plan maquinado” por los querellados que supuestamente consistía en trasladar la titularidad de estas dos fábricas a un fondo inexistente denominado, Grupo Industrial Riesgo, a través de System Capital Management, “sin histórico financiero y sin la solvencia necesaria para desarrollar la actividad industrial, poniendo en riesgo inversiones superiores a 40 millones, comprometidos por Alcoa”.

Debido a esta operación, el sindicato sostiene que está en riesgo la continuidad de más de 600 trabajadores y una importante afección en las comarcas donde se encuentran situadas.

Mientras, los trabajadores continúan con las movilizaciones. Ayer empleados de la factoría escenificaron en Burela la cola que se produciría ante las oficinas de empleo si la compañía hace efectivo el ERE que pretende para las 524 personas de la planta.