Por muy nuevo que parezca, el concepto millennial tiene tantos años como muchos de los jóvenes del grupo de población que define. Los historiadores William Strauss y Neil Howe moldearon el término en 1987 para presentar a los niños que por entonces empezaban los estudios de preescolar y estrenarían la vida adulta con el nuevo milenio. Su teoría, criticada a menudo por pasar de puntillas sobre las consecuencias de los acontecimientos históricos, defiende que cada generación desarrolla un carácter específico por las características comunes que comparte y como respuesta a la generación anterior. ¿Y cómo es la que otros autores llaman Generación Y? Pues, en teoría, especiales, protegidos, seguros, orientados al trabajo en equipo, convencionales, presionados y exitosos, unido todo, según los estudios que se han ido desarrollando después, por su fuerte conexión con la tecnología. “Y con cierta resignación”, apunta Elisa Chuliá, profesora de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED. “Es una generación que se queja poco. Hacen lo que pueden. Están afrontando muchas dificultades para desarrollar sus proyectos personales y familiares, castigados muy duramente porque les ha tocado incorporarse al mercado de trabajo o consolidar su puesto en un momento muy crítico”, añade la también miembro del Foro de Expertos del Instituto BBVA de Pensiones y responsable de la encuesta que la entidad acaba de realizar para “atender a esta parte de la población que se queja poco” respecto a su futuro y el del sistema público de pensiones.
De las 3.000 entrevistas realizadas entre el 16 de septiembre y el 15 de octubre, más de 200 en Galicia, proporcionales según sexos, territorios y también edad dentro del rango de nacidos entre 1978 y 1999, la principal conclusión es que la mayoría de los millennials es consciente de la importancia de ahorrar. Cinco de cada diez consiguieron hacerlo durante el confinamiento de marzo y abril por culpa del coronavirus y el 40% sigue haciéndolo después. “El Covid-19 nos ha cambiado la vida”, subrayó Luis Vadillo, director del Instituto BBVA de Pensiones, ayer en una mesa redonda organizada en colaboración con FARO DE VIGO y moderada por la jefa de Economía, Lara Graña.
Lo que no muda es la percepción sobre el sistema de pensiones de la Seguridad Social. Los terribles datos de la mortalidad “podrían llevar a la conclusión de que el sistema habría podido relajar la presión financiera”, apunta Chuliá. “Lamentablemente, de una manera muy cruda, es evidente que la pandemia ha golpeado sobre todo a los mayores, el grueso de los beneficiarios de las prestaciones –añade–. Pero no es así porque hablamos de un volumen de gasto de 9.000 millones de euros, con otras partidas también y de un problema estructural”. De ahí que la reforma “siga siendo necesaria”. “Y se puede defender desde un punto de vista radical de defensa del sistema, que ha vuelto a ser como en anteriores crisis un estabilizador automático”, señala la profesora de la UNED. “Ni un solo mes se dejaron de pagar las pensiones –incide– y sin retrasos”.
Ahora mismo, “en este escenario del Covid-19”, la sostenibilidad del sistema “es lo que menos importa” en la lista de quebraderos de cabeza de la calle, opina José María Martín Moreno, vicerrector de Economía de la Universidade de Vigo y director del Departamento de Fundamentos del Análisis Económico e Historia e Instituciones Económicas, que alerta de “la falta de concienciación” en el caso concreto de los millennials “ante un grave problema que está ahí”. ”Y al que no ayuda –continúa– que en la parte política cada uno dispara por un lado”.
Sobre los millennials recaerá “el pago de la pensión a una generación muy numerosa”
“Por eso es tan importante saber cómo son y qué piensan”, reivindica Vadillo. Como hijos que son muchos de los protagonistas del Baby Boom (o baby boomers), sobre los millennials recaerá “el pago de la pensión a una generación muy numerosa”, recuerda Vadillo, en referencia al grupo de población nacida entre 1960 y 1975, “que empezará a jubilarse a lo largo de esta década”.
Pese al convencimiento general de la relevancia del ahorro, únicamente el 30% de los millennials gallegos reserva una parte de sus ingresos. Casi la mitad del resto admite abiertamente que lo que gana no da para guardar. “Lo hemos visto también en otras comunidades como Andalucía y Castilla y León”, detalla Elisa Chuliá. Los resultados son parecidos en estas tres autonomías frente a las mayores tasas de ahorro de Cataluña, “que encaja con la idea de mejores salarios y trabajos más estables”. “De hecho –continúa–, lo llamativo es que hubiera salido el resultado contrario”.
El perfil de menor ahorrador en la región va de la mano de “más conservadurismo respecto a lo que hay”. “El porcentaje es algo más alto que la media con los que les parece bien el sistema actual, un 44%”, dice Chuliá, frente a los que apuestas por un sistema con una prestación pública básica complementada con ahorro privado (41%) a través de planes empresariales e individuales.
“Es lo mismo que ocurre cuando se habla de que Galicia tiene una de las pensiones medias más bajas. Es más bajas porque con los sueldos que hay la contribución a la Seguridad Social está por debajo de la media también”, asegura Martín Moreno. El vicerrector de la Universidad de Vigo reitera el papel transcendental de la educación financiera para el colectivo, que mira por su edad con mucha distancia lo que puede suceder. “Les queda muy lejos y, en vez de concienciación, los poderes públicos incluso les confunden”, reprocha.
El larguísimo plazo se nota también en sus respuestas a la encuesta. Cuatro de cada diez jóvenes en Galicia ni siquiera ha pensado a qué edad le gustaría jubilarse. El 56% quiere hacerlo “lo antes posible” e, incluso, antes de los 65 años. Solo el 3% prefiere alargar su vida profesional todo lo que pueda. Sí parecen estar al tanto de los desequilibrios del sistema. El 71% da por hecho que el déficit de la Seguridad Social aumentará conforme crezca igualmente la esperanza de vida. Y eso, creen, es una amenaza a su viabilidad, hasta el punto de que la mitad teme no cobrar una prestación pública cuando llegue el momento de retirarse.
Hay un 42% que señala como opción favorita para la posible reforma la introducción de un nuevo cálculo para cobrar en función de lo cotizado en la vida laboral, mientras que el 26% es partidario de reducir las pensiones más altas y un 18% por endurecer la jubilación anticipada. “Estas preferencias se asientan sobre un supuesto falso”, sostiene Elisa Chuliá. Dos terceras partes del colectivo en la comunidad están convencidos de que el sistema “devuelve menos de lo que se aporta”. “Cuando de media, de media –remarca– se supera el número de años cobrando que los cotizados, como demuestran numerosos estudios”. En la idea de equiparar pensión con arreglo a lo que se ha cotizado, según la profesora de Ciencia Política y Sociología, no parece haber una respuesta “hostil” de la sociedad. “Es una buena medida que ayudaría a la sostenibilidad y habría que decírselo a la gente”, reclama.
“Planes empresariales, sí, pero sin dañar al resto”
Van dos Premios Nobel de Economía reconociendo a expertos en economía conductual, recuerda Luis Vadillo, al hilo de la importancia del “empujoncito” que muchas veces necesita la gente para afianzar comportamientos. “Si no se lo ponen fácil, a nadie le apetece ahorrar para 20, 30, 40 años vista”, señala el director del Instituto BBVA de Pensiones, que rechaza que los planes individuales sean un chollo fiscal. “El pago de impuestos se difiere al momento del cobro y se acaban abonando más porque tributas por lo ahorrado y los rendimientos”, indica.
"Lo que hay que hacer es potenciar el desarrollo de los tres pilares en los que se asienta el sistema”
La decisión del Ministerio de Seguridad Social de potenciar los planes de pensiones de empresas puede encontrarse, según Vadillo, con la cruda realidad del tejido productivo español, plagado de “autónomos y muchas pymes con apenas empleados”. “Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar el futuro del sistema”, insta. Actualmente, solo el 3% de los trabajadores del país cuentan con un plan de este tipo. “El 97% está fuera”, resalta, condicionado en muchos casos por la falta de músculo de la propia empresa para poder implantarlo. “Que hay que impulsarlos, sí, pero sin dañar al resto de los planes de ahorro individuales voluntarios. Lo que hay que hacer es potenciar el desarrollo de los tres pilares en los que se asienta el sistema”, pide.
Entre los millennials, la mayoría, un 60%, apuesta por aumentar los incentivos fiscales a las empresas que ofrecen a sus trabajadores la posibilidad de un plan de pensiones. Un 53% en el caso de Galicia, donde es también mayoritaria la idea de que sea una parte de la retribución.
“No se puede tocar a los actuales pensionistas”
Que existan encuestas como la realizada por el Instituto BBVA de Pensiones permite cubrir el vacío a falta de otras vías de información en asuntos como este, según Elisa Chuliá. “Es cierto que está el Centro de Investigaciones Sociológicas, pero tiene su propia agenda y de esta manera es posible conocer más específicamente opiniones y actitudes de la gente a un tema como este, que requiere planificación –continúa–. Ahora, además, que la jubilación puede representar una cuarta parte de la vida”.
“Hay que hablar con datos empíricos, por eso esta encuesta es abierta”
La profesora de Ciencia Política y Sociología rechaza la coletilla habitual en el discurso público de “la gente quiere” o “la gente piensa”. “Hay que hablar con datos empíricos, por eso esta encuesta es abierta”, señala, pensando en que conozcan la realidad “nuestros representantes en las instituciones, que son los que toman decisiones que muchas veces marcan nuestros comportamientos”.
A los políticos en general y a los miembros del Pacto de Toledo –encargado de aunar las directrices para la posible reforma del sistema– les pide una línea roja en cualquier paso que vayan a dar. “Que expresen un compromiso de que las reformas no afectarán a los actuales pensionistas”, insta. Cualquier cambio de reglas en este sentido será “un despropósito” después “de todo lo que han pasado y han dado a este país”. Chuliá apuesta también por “preservar el poder adquisitivo, siempre con matices”, pero sin que eso sea una excusa para no ponerse manos a la obra con los cambios en el sistema.
“El incentivo no puede ir al que gana 100.000 euros”
“Todas las reformas del sistema de pensiones de una manera medio oculta fueron en la línea de rebajar las pensiones”, sostiene José María Martín Moreno. La de 2011, que elevó progresivamente la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años, fue “valiente”, según el vicerrector de Economía de la Universidad de Vigo, y la de 2013 destacó por el factor de sostenibilidad que vinculaba la revaloración a la situación de la caja de la Seguridad Social. “Ni un año aguantó la presión el Gobierno de Rajoy”, apunta, como ejemplo, “a la falta de avances y los que hay, se caen”. “Parece que no hemos valorado suficiente las reformas anteriores que iban en buena dirección –dice– y por motivos políticos se han caído”.
“Si no se reforma el sistema, no es sostenible”
Martín Moreno abre la incógnita de lo que pasará en un sistema con un salario medio cada vez más bajo en comparación con el importe medio de las nuevas altas de pensiones. Y saca a colación la posibilidad de rebajar las deducciones a los planes privados que el Ministerio de Seguridad Social tiene entre manos. “Al rico que gana 100.000 euros y mete 8.000 en un plan el Estado le paga después vía deducciones. El que necesita complementar su futuro porque hoy cobra 900 euros no puede hacerlo”, contrapone, pidiendo “incentivos” para estos últimos “porque los planes individuales van a ser necesarios”. Para él, el diagnóstico es claro: “Si no se reforma el sistema, no es sostenible”. Pensando, además, en lo que vendrá después del coronavirus. “Por las pymes y el turismo, España es la economía avanzada más azotada y la situación fiscal previa ya estaba deteriorada”, advierte.
Los expertos avisan de la “carga fiscal” futura para los jóvenes sin reforma
“Sí vamos a tener pensiones públicas, lo que no sabemos es de cuánto”
Aunque Luis Vadillo coincide en que para una parte importante del colectivo, dada, además, la holgura de horquilla de edades, “les pilla lejos” las pensiones y el sistema público actual, únicamente el 12% ignora o no sabe que contestar ante la cuestión del impacto del déficit. “En los tramos de edad más alta están formados”, afirma el director del Instituto BBVA Pensiones, “y todos sabemos que vivimos más”. Ocurre lo mismo entre los baby boomers. A mayor conocimiento, menor confianza en el futuro del sistema, según Vadillo. “Sí vamos a tener pensiones públicas, lo que no sabemos es de cuánto”, indica.
La profesora de Ciencia Política y Sociología admite las dificultades para definir realmente a una generación “que, por una parte, lo ha tenido más fácil que sus padres en oportunidades educativas, pero, por otro, arrastra problemas de inserción y consolidación en el mercado laboral”. Para muchos, la del coronavirus es la segunda gran crisis que sufren y les pilló “en el momento justo en el que se estaban recuperando”. “La de 2008 a 2013 coincide con el despegue de sus carreras e hizo mucho daño”, lamenta Elisa Chuliá, que incluye en esas peores condiciones que sus padres los horarios, además de la retribución, y la renuncia de muchos a tener hijos “por esa de idea de tal y como está el mundo, tal y como está la vida, tal y como está España”.
“Es muy importante que en un país a la gente joven, no solo a los niños y adolescentes, sino también a la gente que está en proceso de incorporación al mercado de trabajo, les vaya bien –apela– porque son en buena medida los que van a tener que afrontar buena parte de la carga fiscal, sean cotizaciones sociales o impuestos, para poder hacer frente a los gastos crecientes de una sociedad en la que una parte considerable en porcentaje no va a producir económicamente”.
“Para valorar el sistema actual hay que mirar al pasado”, afirma José María Martín Moreno, que hace hincapié en que el problema de la Seguridad Social “es contable y no ideológico”. “Otra cosa distinta es –continúa– que la solución pueda tener que ver con la ideología”. El profesor del Departamento de Fundamentos del Análisis Económico de la universidad viguesa critica “la satisfacción del corto plazo” en las medidas tomadas.
