El borrador de la ley de cambio climático y transición energética levantó en armas al sector de la automoción desde que se conoció en noviembre de 2018 porque, entre otras decisiones, pone fin a los combustibles fósiles en la movilidad. “Un hito a nivel internacional”, defendió la ministra Teresa Ribera. A partir de 2040 ya no se podrían vender o matricular vehículos de gasolina y gasóleo y circular desde 2050, incluidos híbridos y los de gas. Fabricantes y concesionarios cargaron contra la “excesiva” prohibición medida por sus plazos “acelerados” y exigieron que el camino hacia el fin de la combustión fuese “ordenado, justo y rentable” para evitar una hecatombe en el tejido productivo. Dos años después, la norma encara su fase final en la tramitación en el Congreso de los Diputados con tantas o más incertidumbres alrededor del futuro del motor porque la previsible crisis en la demanda provocada por el coronavirus se une a los desafíos de su reconversión. Que no es local. El Reino Unido acaba de dar su fecha para la prohibición del diésel y la gasolina. Será en 2030, diez años antes de lo previsto. Y todo lo que suceda en el país es transcendental porque compra uno de cada diez vehículos exportados por la industria gallega de la automoción.

Las ventas del motor de la comunidad en el mercado británico superaron los 511 millones de euros el pasado ejercicio, según los datos de la Secretaría de Estado de Comercio, tras un incremento con respecto a 2018 del 16,5%. El país supone algo más del 10% en la cuota del negocio exterior de la automoción gallega, un porcentaje superado solo por Francia (39,7%).

Además de las todavía desconocidas consecuencias del Brexit para el futuro comercio con Reino Unido, los fabricantes de coches españoles se enfrentan a la caducidad de un modelo antes aún que en España. Fue el propio primer ministro, Boris Johnson, el que anunció la prohibición en 2030. Los vehículos híbridos capaces de recorrer “distancias significativas sin emitir dióxido de carbono” continuarán a la venta hasta 2035, según detalló en un comunicado el gobierno británico, que prevé invertir 1.300 millones de libras (1.450 millones de euros) en acelerar la expansión de puntos de recarga eléctricos. La medida es parte de un plan medioambiental estratégico con el que Johnson quiere “crear y respaldar” 250.000 empleos en el Reino Unido, que el próximo año albergará en Glasgow la cumbre del clima COP26.

Durante la próxima década, el Ejecutivo británico prevé movilizar 12.000 millones de libras (13.390 millones de euros) en inversiones públicas hacia sectores que contribuyan al objetivo de alcanzar cero emisiones netas de dióxido de carbono en 2050. “A pesar de que este año ha tomado una dirección muy diferente de la que esperábamos, no he perdido de vista nuestros ambiciosos planes”, declaró Johnson, que subrayó su intención de que el impulso de la economía verde tenga efectos en el conjunto del país. “Nuestra revolución industrial verde recibirá la energía de las turbinas de viento en Escocia y el noreste (de Inglaterra), estará impulsada por vehículos eléctricos fabricados en las Midlands (centro de Inglaterra) y por las últimas tecnologías desarrolladas en Gales”, afirmó el primer ministro.

El ejecutivo asegura que ha mantenido “extensas consultas” con fabricantes y vendedores de vehículos antes de anunciar el futuro veto a los motores diésel y gasolina.El Reino Unido “ya fabrica una proporción significativa de los vehículos eléctricos en Europa”, destaca el Ejecutivo, que ayudará además a la industria con una inversión de 500 millones de libras (560 millones de euros) en cuatro años para impulsar el desarrollo de la producción de baterías.