El anteriormente denominado Plan de Usos del Puerto de Vigo (ahora, Delimitación de Espacios y Usos Portuarios, DEUP) se encuentra en fase de exposición pública. El planteamiento, clave para la reorganización portuaria a veinte años vista, se ha convertido de repente en un pasaporte al futuro para la industria viguesa de construcción naval: para reorganizarse, forjar alianzas o crear proyectos de reestructuración capaces de optar a fondos europeos de reconstrucción por la pandemia del Covid-19 (programa Next Generation, con 750.000 millones de capacidad financiera). Para tratar de competir en igualdad de condiciones que competidores holandeses o alemanes, que han ingresado ya más de 620 millones de euros de partidas estatales de reconstrucción económica.
Cinco astilleros, de la mano del clúster Aclunaga, han decidido sumar fuerzas para conseguirlo: Construcciones Navales Paulino Freire (Freire Shipyards), Hijos de J. Barreras, Metalships & Docks, Francisco Cardama (Cardama Shipyard) y Armón Vigo. “Es el momento de hacerlo. Con la aprobación del DEUP se pueden aprobar planes urbanísticos, y tras él licencias y concesiones”, exponen fuentes conocedoras de las negociaciones, que acaban de comenzar. Mover un astillero de sitio, ampliarlo, ganar capacidad con nuevos terrenos en otros puntos de la ría... Todo se va a analizar. Y no se queda ahí la nueva confederación de empresarios: esta confluencia inédita de intereses plantea también el uso compartido de instalaciones y el arrendamiento de varaderos, carros, diques o gradas.
La liga ha arrancado esta semana con un encuentro entre los primeros espadas de los astilleros, que han abordado ya las posibilidades que ofrece el plan de usos del Puerto con su presidente, Enrique López Veiga. La próxima reunión será con técnicos de la institución, para analizar en detalle las necesidades de las empresas. El objetivo, que ninguna compañía pierda opciones de contratación de buques por saturación de espacios, habiendo otros disponibles o sin aprovechar completamente. Las atarazanas plantearán de forma conjunta “observaciones y comentarios” al DEUP, y existe compromiso por su parte para facilitar al Puerto la reorganización de espacios. Lo que está claro es que, como expone un directivo del sector, “los astilleros tienen necesidades enormes para renovar sus instalaciones y apostar por la modernización y digitalización de muchos de sus procesos productivos”. La industria ha perdido todo soporte de ayudas finalistas a la competitividad, que existían cuando funcionaba Gerencia del Sector Naval (Gernaval, suprimida en 2013).
Las opciones
Por ejemplo, sobre la mesa está ya la recuperación de la Marina de San Gregorio, en Vigo, para permitir la expansión de los astilleros. La actual redacción del DEUP pone la alfombra roja a esta opción. “La propuesta de ordenación [...] apuesta por mantener la especialización del uso existente de construcción y reparación naval, atendiendo al auge actual y las previsiones a medio plazo en este sector”, reza textualmente. A día de hoy existe un tramo de unos 130 metros entre las instalaciones de Cardama –acaba de recibir el plácet de Medio Ambiente para poder desguazar barcos– y Freire, espacio que disfruta en régimen de autorización la Agrupación Náutica San Gregorio. No es una concesión, y ocupa 4.150 metros cuadrados de lámina de agua (la que tenía Vulcano, por ejemplo, era de 6.527 metros). El Puerto no renovará esta autorización, según apuntó su presidente a FARO, quien garantizó que les ofrecerá una solución de garantías a esta entidad náutica.
¿En qué punto entra en este tablero el dinero de Europa? No todo es subvencionable, pero hay proyectos que sí. “Cambios de emplazamiento o reutilización de espacios para uso industrial sí pueden optar a fondos de la UE”, así como la construcción de una infraestructura innovadora y significativa. Sería el caso de una iniciativa para el desarrollo de nuevos procesos de producción, impulsada por los astilleros a través de la figura de un clúster. De hecho uno de los tres pilares de los Next Generation se centra en este aspecto: “instrumentos para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros por recuperarse, reparar los daños y salir reforzados de la crisis”. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzó esta semana en Vigo un nuevo proyecto de 1.000 millones de euros, en este caso con el sector de la automoción, también de cara a percibir fondos antiCovid. “Lo estamos cerrando con Ceaga”, zanjó en alusión al Clúster de Empresas de Automoción de Galicia.
Multipropiedad
Fue el presidente ejecutivo de Barreras, Douglas Prothero, el que llamó la atención hace dos semanas sobre la necesidad de una mayor coordinación entre astilleros. “Apuesto por un escenario más colaborativo para poder conseguir contratos apropiados, con planes apropiados y con la ejecución apropiada. Y con eso conseguiremos, con toda seguridad, una industria sostenible”, dijo el canadiense. Fue él, en este primer encuentro entre sus homólogos del naval, quien ofreció parte de las instalaciones de Barreras, a explotar en un régimen de alquiler o “multipropiedad”. En este caso, una sociedad de múltiples accionistas asumiría el usufructo compartido del varadero y gradas ubicadas al suroeste de donde se encuentra amarrado hoy el crucero Evrima.
Al menos tres buques pesqueros de 40 metros fueron derivados en los últimos meses a astilleros de Asturias por falta de espacio en Vigo. Esta iniciativa rebajaría el riesgo de volver a encarar un escenario similar, y daría más posibilidades al segmento creciente de la reparación. Sobre todo de cara a un complejo futuro a corto plazo, con un fuerte revés al consumo –la caída del horeca hace mella en la industria pesquera, que pierde mucho margen– y al transporte marítimo. Prothero, no obstante, no cree que el Covid haya plantado un jaque mate a la industria de cruceros. “Para él, se recuperará cuando Estados Unidos retire la no sail order (orden de no navegar)”.
El gerente de Aclunaga, Óscar Gómez, se reunió ayer con el conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, para exponerle las primeras ideas de esta alianza, confirmaron fuentes de este departamento. En el encuentro no solo planteó los objetivos de los cinco astilleros, también puso sobre el aprovechamiento de los fondos del Next Generation y la defensa de un marco competitivo con garantías dentro del continente europeo, de acuerdo a las mismas fuentes.
EL CENTRO MARINNLEG PREPARA UN INFORME SOBRE LAS AYUDAS PÚBLICAS AL NAVAL EUROPEO
Royal IHC, MV Werften y German Naval Yards Kiel (GNYK). Son los tres astilleros que, de momento, han sido rescatados por los Gobiernos de Países Bajos (en el primer caso) y Alemania (los dos restantes). A falta de conocer el montante de la ayuda a GNYK –el coordinador federal para la Industria Marítima, Norbert Brackmann, solo indicó que sería de “dos dígitos”–, los desembolsos superan los 620 millones de euros, como ha publicado FARO.
Tanto el clúster naval Aclunaga como el eurodiputado socialista Nicolás González Casares ya han elevado las informaciones del Decano a la Comisión de Competencia, que en una respuesta a este periódico eludió contestar si investigaría o no estos rescates, y aprovechó para cargar de nuevo contra el viejo tax lease. Ahora será la Fundación-Centro de Innovación de Estudios Jurídicos Marítimos y Pesqueros (MarInnLeg) la que elaborará un informe sobre el marco de ayudas comunitarias a este sector. Servirá de respaldo a la propia Aclunaga en sus reclamaciones para optar a fondos europeos de reconstrucción.
En el caso de Royal IHC, por ejemplo, la propiedad del astillero ha pasado a manos de una fundación participada por el Ejecutivo de Mark Rutte. La reestructuración ascendió a 400 millones de euros –no consta ningún expediente en Competencia que valide la operación– y, en paralelo, distintas filiales de la compañía recibieron fondos para la preservación del empleo (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid). IHC Fundex Equipment ingresó 8,52 millones para este fin; su director general interino, Gerben Eggink, acaba de presentar al comité de empresa un plan social que recoge “cientos de despidos”, como ha detallado el periódico local DPG Media BV.
El objetivo de los nuevos gestores pasa por que el astillero se centre en la construcción naval, no en la prestación de otros servicios (offshore o ingenierías), razón por la que se desprenderá de al menos dos subsidiarias. El personal que trabaja en estas últimas no será incorporado a la nueva Royal IHC. En MV Werften el auxilio público ha ascendido a 193 millones de euros, aunque la compañía –propiedad de un magnate asiático de los juegos recreativos– ha solicitado 570. Está en evaluación por parte de Berlín. Del importe ya ingresado, 113 millones tenían que destinarse a la finalización del Crystal Endeavour, si bien la empresa ha pospuesto sine die su entrega.
