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Fontenla dinamita el consenso en la patronal gallega con la disolución de las sectoriales

Aprovecha los ruegos y preguntas para plantear la salida de estas asociaciones de la junta directiva | Afines al coruñés apuestan por José Manuel Barreiros para tomar la presidencia

Antonio Fontenla. |   // XOÁN ÁLVAREZ

Antonio Fontenla. | // XOÁN ÁLVAREZ

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) se autoproclama como la entidad de referencia para “la representación y defensa de los intereses generales del empresariado ante las instituciones, organismos públicos y agentes sociales”. Lleva cerca de tres años sin presidente. José Manuel Fernández Alvariño, Antonio Dieter Moure y Antón Arias han ocupado este cargo en el último lustro; ninguno cumplió todo su mandato. Solo hay un nombre que permanece, tanto en la sombra como bajo mil focos: Antonio Fontenla Ramil. Nacido en A Coruña en 1943, ha logrado erigirse como máximo responsable de una organización consumida por las guerras internas. No preside la patronal gallega, pero ejerce como tal desde enero de 2018. O desde mucho antes, porque tanto el ourensano Dieter (elegido en 2016) como su vecino Arias (en 2017) tomaron el bastón de mando impulsados o favorecidos por él. Ayer volvió a dar una demostración de poder, o de habilidad: logró que una junta directiva mayoritariamente crítica aprobase sus cuentas, confiada en poder alcanzar un “consenso” en el próximo proceso electoral. Al llegar al punto de ruegos y preguntas planteó la práctica expulsión de las patronales sectoriales, opositoras a su gestión, de ese órgano. “Un jarro de agua fría”, “una cacicada”, una “maniobra decimonónica del siglo XIX”. No faltaron adjetivos al término del encuentro.

“Esperó al final para soltar la bomba. Planteó la convocatoria de una asamblea en los próximos días para quitar poder a las sectoriales”, exponen fuentes conocedoras de la reunión. En la nota de prensa oficial, la Confederación –controlada por el coruñés– solo hizo referencia a la asamblea electoral del 24 de noviembre, fecha ya conocida. No mencionó esta pretensión de reunir a los vocales antes de ese día, también de forma telemática, para dar un vuelco a una junta directiva que ha sido incómoda para él en los últimos meses. Porque en este órgano no solo están sectoriales críticas como Asime, Cegasal o la Federación Galega de Comercio, sino que también cuentan con voto los expresidentes. A Dieter, azote reconocido de Fontenla, se suma en esta nómina el vigués Fernández Alvariño. “Busca tutelar los órganos de gobierno con la excusa de la estabilidad. Pero fue él quien maniobró con la candidatura de Arias, quien no quería reunir a la junta directiva o quien se acaba de cargar el consenso”, reprocha el secretario general de otra sectorial.

No logró su cometido, pero distintas fuentes consultadas dan por hecho que registrará una solicitud de asamblea “para dentro de ocho, diez o quince días” para llevarlo a cabo. Cuenta con el respaldo de la confederación coruñesa –que preside desde hace más de veinte años–, la de Lugo y Ourense. De hecho, miembros actuales de la junta apuntan a un nombre auspiciado por este bloque afín a Fontenla como presidenciable. Se trata del ourensano José Manuel Barreiros; tiene hasta el día 17 para formalizar su candidatura. Nada de consenso, que era la palabra más manida en las últimas semanas en torno a la CEG, y la esperanza de la confederación de Pontevedra y de las sectoriales. “Hoy un portavoz de la CEG, que ni siquiera es presidente, no puede acudir a reuniones en un coche oficial, tal y como están las cosas”, clama uno de los vocales en referencia al coruñés.

En las cuentas aprobadas (de 2018 y 2019), que cosecharon cuatro votos en contra y siete abstenciones, se consumó además el traspaso de fondos de la CEG a las patronales provinciales, que son ingresos que recibe la organización por asistencia de sus miembros a entes de representatividad como el Consello Económico e Social. La transferencia asciende a unos 600.000 anuales. La CEG tiene pendiente todavía la devolución del Pexga –la Xunta ordenó el reintegro de 650.000 euros por irregularidades en la gestión de este plan de acción exterior–, además de la amortización de la hipoteca sobre la sede de Santiago.

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