Después de cuatro años de debates y cerca de 200 comparecencias que se iniciaron en noviembre del 2016, la Comisión del Pacto de Toledo cerró ayer con una amplia mayoría un primer texto en el que revisa las 20 recomendaciones que deben orientar la próxima reforma del sistema de pensiones del Gobierno para garantizar la sostenibilidad y suficiencia del sistema de la Seguridad Social. El documento de recomendaciones incide en la separación de fuentes de financiación y gastos de la Seguridad Social, para afianzar la viabilidad del sistema. El objetivo es descargar a la Seguridad Social de los alrededor de 23.000 millones de gastos impropios estimados por la Autoridad Fiscal de forma progresiva, “en un plazo breve de tiempo que no podrá exceder del año 2023”. Con ello, según el Pacto de Toledo “se contribuirá de forma decisiva a rebajar la alarma que las actuales dificultades financieras han generado y, en el largo plazo, a reforzar su sostenibilidad”.
Además se establece que una vez que se recupere el equilibrio de las cuentas, “los excedentes de las cotizaciones, sin límite alguno, han de incorporarse al Fondo de Reserva”, ahora prácticamente esquilmado. El documento insta a establecer un remanente mínimo del Fondo de Reserva, “sujeto a una regla endurecida de disponibilidad”.
El Pacto de Toledo señala las reducciones en la cotización para estímulo de empleo y las prestaciones asistenciales de desempleo entre los gastos impropios que deben dejar de ser sufragados con cotizaciones. También, las ayudas a sectores productivos concretos a través de la anticipación de la edad de jubilación en determinadas actividades o el tratamiento favorable de la cotización en algunos regímenes o sistemas especiales o en actividades desarrolladas por jóvenes den formación. Las prestaciones por nacimiento y cuidado de hijos, los complementos por maternidad en las pensiones de mujeres o las mejoras en las de viudedad también deberían dejar de ser financiadas por cuotas.
Además, el Pacto de Toledo considera oportuno realizar un estudio sobre las cargas impropias asumidas por la Seguridad Social en los últimos años, a partir de los datos del Tribunal de Cuentas, con el fin de poner en evidencia que sin ello no habría sido necesarios los préstamos del Estado. “Las tensiones generadas por la sobrecarga de las cotizaciones sociales han alentado un falso conflicto intergeneracional que oculta que durante años, los excedentes del sistema se utilizaron para financiar otras políticas sociales y el desarrollo del propio sistema del Estado del Bienestar”, se afirma.
El documento, en realidad incluye 21 recomendaciones, pues incluye una numerada como cero en la que refuerza los principios básicos del sistema público de pensiones bajo los principios de “universalidad, unidad, solidaridad, igualdad y suficiencia” y expresa su rechazo a cualquier “transformación radical” del modelo que se pudiera plantear en el futuro.
IPC real
El texto apuesta por garantizar el poder adquisitivo de las pensiones con el IPC real como referencia. Recoge el propósito de alargar la edad efectiva de jubilación. Incorpora el objetivo de aproximar la cotización a los ingresos reales en el régimen de autónomos y adopta medidas en apoyo de empleadas del hogar, mujeres, jóvenes, discapacitados e inmigrantes. También acoge un modelo de previsión complementaria a través de planes de empleo pactados en la negociación colectiva siguiendo el modelo vasco, que, según el documento del Pacto de Toledo, deberían contar con un marco fiscal y administrativo propio y más favorable que los planes individuales.
En cuanto al cálculo de la pensión, el documento considera adecuado mantener en 15 años el periodo mínimo de cotización necesario para acceder a una pensión contributiva de la Seguridad Social, así como la progresiva ampliación de 15 a 25 años del periodo para cálculo de la pensión (que culminará en el 2022). Además se abre a la elección para el cálculo de los mejores 25 años de la vida laboral del trabajador.
Desde el punto de vista de Unidas Podemos, el texto final de las recomendaciones recoge los objetivos plasmados en el acuerdo de coalición, de cara a garantizar unas pensiones dignas y un sistema público sostenible y supone la derogación de facto de la reforma de las pensiones del PP de 2013. “Nuestro objetivo principal ha sido que el nuevo texto garantizara certidumbre a los pensionistas. Por ello, estamos satisfechos con el acuerdo alcanzado que reivindica claramente el sostenimiento del sistema público, solidario, suficiente, intra e inter generacional y seguiremos trabajando en el seno del Gobierno de Coalición en esta dirección”, afirmaron fuentes de Unidas Podemos.
