Nuevo revés a las aspiraciones del empresario José Alberto Barreras para hacerse con las instalaciones de la desaparecida Factorías Vulcano. El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), organismo público dependiente del Ministerio de Trabajo, se ha opuesto a la propuesta de compra formalizada por Gestión de Negocios Argos SA, sociedad del también exaccionista del astillero. Así consta en un escrito remitido esta semana al Juzgado de lo Mercantil número 3, con sede en Vigo, y firmado por un abogado del Estado. "Nos oponemos a la adquisición de la unidad productiva en los términos expuestos, en el sentido de que la cantidad que se ofrezca por la adquisición no debe deducirse la deuda con este organismo, salvo que, con carácter previo, se haya suscrito convenio con el Fogasa para la devolución de las cantidades que se le adeuden", reza la notificación. El juzgado dio ayer traslado a las partes personadas en el concurso de esta decisión.
El precio de la unidad productiva de Factorías Vulcano fue fijado en 7,852 millones de euros por la administración concursal (ejercida por Emilio Rodríguez de Dios y Diego Comendador). En su última propuesta, José Alberto Barreras puso sobre la mesa 3.499.209 euros. En paralelo, planteó la subrogación de las deudas de la compañía con el ICO (2,5 millones de euros) y el propio Fogasa (1,738 millones). "En estos procedimientos, el ofertante pide a los administradores que deduzcan esas cantidades del pago final. Si la unidad productiva vale cinco y se deben dos millones al ICO, paga tres en metálico y se convierte en acreedor" del instituto de crédito, resume el abogado Ramón Ozores, del despacho vigués On Tax & Legal. En la oferta, Argos no especificaba plazos de pago a ninguno de los dos órganos públicos.
"La subrogación del Fogasa en los créditos laborales se establece por ley, y dichos créditos ostentan la misma categoría que la de los trabajadores, por lo que tal manifestación carece de sustento jurídico en tanto que lo que la adquiriente ofrezca por la unidad productiva debe ser ingresado en el concurso para el reparto entre los acreedores", concreta el letrado Sebastián Mayo, en representación del fondo de garantía. "Nos oponemos -continúa- a que se satisfagan los créditos laborales, o cualquier otro que no tenga preferencia sobre los que ostenta el Fogasa, sin que se proceda a la satisfacción" de esos 1,7 millones, "que ostentan la misma preferencia". "Lo que plantea -aclara el abogado Jaime Carrera, de Baltar Abogados- es que se pague su crédito con preferencia a los demás laborales, sin aplazamientos. Y, que si pide aplazar, que garantice".
La propuesta de Barreras pasa, según el plan depositado en el juzgado, por convertir a la antigua Vulcano en un "centro de referencia de reparación naval para el sur de Europa". En el mismo documento aseguraba que no pretendía "especular" con los terrenos. Eso sí, la vigencia de la concesión está en suspenso y depende ahora de la decisión de un tribunal de conflictos de jurisdicción competencial. Aunque fuera validada, ésta expiraría necesariamente en 2027.
