Tras la presentación ayer, por Pedro Sánchez, del plan de recuperación, los cuatro vicepresidentes del Gobierno aportaron por la tarde más contenido sobre los principales pilares del programa, desde sus competencias.
La vicepresidenta primera Carmen Calvo, anticipó una reforma "profunda" de la Administración General del Estado, a través de la revisión de varias leyes, para reducir trámites, eliminar trabas y acabar con los "cuellos de botella" que ahogaban hasta ahora la ejecución de fondos europeos. Porque España solo gastó el 34% de los recursos del marco financiero plurianual 2014-2020.
La número dos anunció una nueva ley de la Administración pública, para "modernizarla", pero sin perder un "ápice de transparencia" y de rendición de cuentas y control, y ajustada a la normativa europea. No se perderá el "rigor del Estado de derecho prestigioso que somos ni la seguridad jurídica". También se tramitará un real decreto ley para aligerar la absorción de los fondos y al que luego los grupos podrán añadir enmiendas durante el trámite parlamentario.
Se requerirá, asimismo, tocar varias leyes: la de contratos del Estado, la del régimen jurídico del sector público, la presupuestaria y la de subvenciones. "Seremos garantes, pero seremos eficientes. Esta es una oportunidad que no podemos perder", remarcó la vicepresidenta, quien de nuevo pidió a los partidos unidad y un cambio de la "cultura política".
El vicepresidente de derechos sociales del Gobierno, Pablo Iglesias, abogó por emplear los fondos europeos de la reconstrucción para aumentar el peso industrial en la economía española y reducir su dependencia del turismo. Una reorientación más "sostenible" que pasa por "buenos salarios" y mejores empleos. Así lo manifestó en su comparecencia en la que también planteó unas políticas fiscales expansivas y una mayor descentralización de la Administración.
Otra de las apuestas estratégicas del Gobierno de coalición para los fondos europeos es la modernización del Estado y adaptar "la Administración pública para el siglo XXI". Un cometido al que el Ejecutivo destinará 3.600 millones de euros y que, según Iglesias, también pasa por hacer esa Administración menos centralista y más sensible a las demandas de los diferentes territorios. "Yo no estoy de acuerdo con que España es Madrid y Madrid es España, España es mucho más diversa", sostuvo.
La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, cifró en 20.000 millones de euros el dinero europeo que absorberá la transformación digital en los tres próximos años (del 2021 al 2023), "casi un tercio de las transferencias previstas" para ese periodo. La mayor parte de los proyectos girarán en torno a las líneas maestras de la Agenda Digital 2025 que el Gobierno presentó el pasado mes de julio y que, además, prevé una importante movilización de inversión privada complementaria, por un total de 140.000 millones de euros hasta el 2025. La Agenda Digital incorpora diez ejes de inversión vinculados a conectividad digital en zonas rurales, despliegue de la tecnología 5G, reforzar las competencias digitales de trabajadores y ciberseguridad.
La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, defendió la descarbonización de la economía como la principal palanca del cambio, junto a la digitalización. "Estamos ante la oportunidad de transformar el país", aseguró. La mayor parte de los proyectos estarán enfocados en la lucha contra la despoblación de los entornos rurales; el impulso de un entorno urbano más sostenible, con la apuesta por la movilidad eléctrica y la rehabilitación de edificios; las energías renovables, acelerando algunos de los objetivos al 2025 que establecía el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) al 2023 o la defensa de los ecosistemas y la biodiversidad.
En este sentido, Ribera aseguró que acelerar los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) será uno de los vectores de movilización de empleo y actividad económica "más importantes" en los próximos años.
