La precariedad era el talón de Aquiles en los seis años de crecimiento que llevaba la economía a la espalda desde la anterior doble recesión. Sin ir mucho más atrás, en 2019, por ejemplo, Galicia sumó unos 17.300 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social, pero el número de contratos rondó los 1,1 millones. Solo el 8,3% fue indefinido y las jornadas a tiempo parcial suponían el 37%. No extraña que al cierre del pasado ejercicio cuatro de cada diez hogares de la comunidad llegase con problemas a final de mes (435.000) y cerca del 5% (50.600) lo hiciese con muchas dificultades.
La crisis del coronavirus ahonda en la herida provocada por el fenómeno del trabajador pobre, el perfil más golpeado por el golpe al mercado laboral. Tan al día viven muchas familias que la espera por el reconocimiento de una prestación es una auténtica agonía. Ahí estuvo y todavía está otro de los retos de esta inédita situación: que el escudo social impulsado por las administraciones responda en tiempo y forma pese a que nunca antes se vivió una avalancha de solicitudes de ayuda tan intensa de la noche a la mañana. En lo que va de pandemia, en Galicia se presentaron más de 600.000 solicitudes para alguna de las prestaciones del Servicio Público de Empleo (Sepe), el triple de las acumuladas entre los meses de marzo y agosto de 2019.
El aluvión permite hacerse una idea bastante elocuente del esfuerzo realizado por el personal del Sepe y de las oficinas de empleo de los ejecutivos autonómicos, encargados de emitir la tarjeta de demandante de empleo con la que luego el Estado tramita la prestación correspondiente. A las ya existentes se sumaron, entre otras, las prestaciones para los trabajadores afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), donde llegaron a estar más de 3 millones de personas en España y por encima de las 200.000 en el caso de Galicia.
En agosto, en la comunidad se presentaron 52.661 peticiones tras un incremento anual del 92%, según los datos que acaba de publicar el Sepe. Unas 43.100 eran para prestaciones contributivas; más de 8.500 para los subsidios previstos para trabajadores que llevaban menos de un año ocupados; y otras 987 estaban vinculadas a la Renta Activa de Inserción de 430 euros para los que agotaron el cobro del paro. Aunque el volumen es todavía contundente, las solicitudes se redujeron un 45% respecto a julio (95.671) por la reducción del desempleo y las salidas de los ERTE. Al cierre de septiembre estaban fuera casi el 88% del personal que pasó por ellos. Los meses de abril y mayo, coincidiendo con los picos de la curva de contagios y el confinamiento decretado para frenar el contagio, dejaron las mayores cifras de solicitudes de prestaciones laborales en Galicia: 197.326 y 133.034, respectivamente.
Entre las nuevas prestaciones reconocidas y las que se estaban ya abonando, el pico de beneficiarios en la comunidad se registró en abril: 245.050 personas, un 181% más que en el mismo mes del pasado año. La ampliación del Ministerio de Trabajo de las medidas para cubrir a una parte importante de la población que de otra manera no tendría derecho a cobrar nada explican que haya más beneficiarios de una prestación ahora, con 176.000 parados, que en el peor momento del mercado laboral en la doble recesión, cuando en febrero de 2013 se rozaron los 293.000 desempleados.
También el total de gallegos que está recibiendo una prestación o un subsidio empieza a atenuarse. Quedaban 127.390 en agosto, un 15,5% menos que el mes anterior y la mitad que en abril. La provincia de A Coruña sumaba 55.816; 45.936 en Pontevedra; 13.201 en Ourense; y 12.437 en Lugo. Los beneficiarios en el conjunto del país rondaron los 2,9 millones, lo que supone un alza del 52,6% en comparación con agosto de 2019. Desde mayo, cuando el dato del Estado batió su récord (4.947.921), el número de beneficiarios de prestaciones descendió un 40,5%. "La cobertura del sistema de protección por desempleo durante el mes de agosto ha sido del 82,3% -resalta el Sepe en su último informe-. El mismo indicador en agosto de 2019 fue de 66,2%".
En cinco meses, de abril a agosto, el gasto en prestaciones ascendió a más de 979,5 millones de euros en Galicia, incluidos el abono de las cotizaciones a la Seguridad Social. Durante el pasado año al completo el desembolso alcanzó los 935 millones. Van cerca de 21.000 millones de euros en la nómina estatal, con una media por persona en agosto -sin incluir los subsidios agrarios de Andalucía y Extremadura- de 994 euros, 111 euros más que hace un año. La cuantía recibida directamente por los beneficiarios se sitúa en los 792,3 euros. En Galicia fueron 751,5 euros.
Frente a las alrededor de 52.600 solicitudes nuevas de agosto en Galicia, el Sepe reconoció ese mes 50.378. El plazo medio entre la fecha de petición y la de resolución se quedó en 2,99 días. Lo mucho que han cambiado los tiempos de espera es otro reflejo más de la carga administrativa acumulada por los servicios de empleo. Hace un año, en agosto de 2019, en Galicia la aprobación tardaba solo 0,69 días.
En todas las comunidades se ha ampliado considerablemente el plazo de resolución. La media estatal pasó de 1,29 días a 4,6. A la cabeza del retraso está Madrid, donde se llega a los 12,56 días, cuatro veces más que en Galicia. Cataluña, con casi un 40% más de altas que Madrid en agosto, tarda 5,72 días. Asturias y Castilla-La Mancha son las regiones con menor plazo: 1,31 y 1,76 días, respectivamente.
