La última fábrica de aluminio en activo de España está más cerca de pasar a manos de la firma británica Liberty House (filial del gigante GFG Alliance). Los responsables de Alcoa, todavía dueña de la factoría de San Cibrao (Cervo, Lugo) comunicaron ayer a las administraciones y los sindicatos la finalización, con éxito, de la primera fase del proceso de venta. Una vez que Alcoa y Liberty -con quien negocia en exclusiva- han acordado los términos generales de la compraventa, la compañía inglesa avanzará en la exploración de la factoría de A Mariña con una due diligence que comenzará la próxima semana.
La dirección de la multinacional Alcoa en España convocó ayer a Gobierno central, Xunta, comité de empresa de San Cibrao y los sindicatos UGT, CC OO y CIG a una segunda "mesa multilateral de carácter informativo" sobre el proceso de venta de la planta de aluminio de A Mariña. La reunión, que coincide con la fecha de finalización de la primera fase del proceso de compraventa, se celebró a mediodía de forma telemática. En esta primera fase se ha dado una toma de contacto inicial entre ambas compañías y una matización de los términos generales de la venta.
La segunda fase, que finalizará el 11 de septiembre, servirá para analizar en detalle los aspectos de la compra, así como aspectos más específicos de la negociación y sus términos. En ese tiempo está previsto que se lleve a cabo una auditoría en profundidad ( due diligence) por parte de Liberty House, que analizará las posibilidades de negocio y los riesgos de la planta de aluminio lucense. De hecho, está previsto que directivos de la compañía interesada en la compra visiten la próxima semana las instalaciones industriales de San Cibrao.
El comité de empresa también ha solicitado una reunión con Liberty House para efectuar un seguimiento del proceso desde la perspectiva del comprador. Tras estas negociaciones de las próximas semanas, el 27 de septiembre finalizaría el plazo para concretar el contrato de compraventa inicial, un contrato de preacuerdo a expensas de la aprobación por todos los organismos, entre los que se encuentran también las administraciones estatal y autonómica, así como los tres sindicatos con representación.
