El Consello de la Xunta activó ayer una partida de 60 millones de euros, con los que aspira a movilizar 180 millones entre inversión pública y privada, para financiar pymes y autónomos. Se trata de una nueva línea que se suma a la de los 250 millones habilitados al inicio de la crisis sanitaria, una vez que ese fondo inicial se ha agotado, según indicó ayer el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo.

Los 60 millones se dividen en tres programas; uno dotado con 20 millones para que las pymes y los sectores afectados puedan emprender un transformación empresarial, sobre todo los actores más castigados por el coronavirus. La previsión es que con esta línea de financiación, la empresa privada contribuya con 40 millones.

El segundo fondo contará con 10 millones de la Xunta y Xesgalicia podrá participar mediante capital riesgo en la puesta en marcha de start ups (empresas emergentes). La aportación privada sería de 20 millones. Y el tercero tendrá carácter público-privado y estará dotado con 30 millones de euros, para desarrollar proyectos tractores y estratégicos con la intención de movilizar 60 millones en la iniciativa privada.

Al margen esta línea financiera, la Xunta sacará otro fondo, destinado también a pymes y autónomos, para incentivar la transformación energética de las empresas, aportando 17,5 millones de euros. Con este dinero se espera que las firmas movilicen 23 millones de euros y que al final de la transformación, la rebaja de los costes energéticos alcance los 9 millones anuales. Con esta iniciativa se pretende mejorar la competitividad de las empresas.

Durante su comparecencia tras el Consello, Feijóo aprovechó para censurar la retención, por parte del Gobierno central, de 100 millones de euros correspondientes a Galicia para la aplicación de políticas activas de empleo. El presidente gallego se quejó que miles de personas están pendientes de poder cobrar estas ayudas a pesar de que están ya concedidas, pero cuyo importe fue paralizado por la crisis sanitaria al no transferir el Estado las partidas que estaban destinadas a las comunidades autónomas.