La imagen y su transcendencia se parecen mucho a la primera que estrenó el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. El presidente y los responsables de todas las carteras económicas en La Moncloa junto a los líderes de las dos principales patronales y los dos sindicatos mayoritarios. La cita del pasado 30 de enero fue para hacer público el pacto de subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 950 euros al mes. En el encuentro de ayer se firmó el Acuerdo Social en Defensa del Empleo que, entre otras medidas, prorroga la vigencia de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 30 de junio. Se sabía ya que el veto a los despidos durante los seis meses siguientes al ajuste por causas de fuerza mayor iba a aligerarse, teniendo en cuenta el riesgo posible de quiebra, pero el sector será también uno de los criterios a tener en cuenta.
El compromiso de aguantar todo el empleo sigue vigente, incluso si la reincorporación es "parcial o solo afecte a parte de la plantilla", contempla el documento rubricado por el Ejecutivo y los agentes sociales y que el Consejo de Ministros adaptará hoy a un real decreto. Quedan al margen los despidos disciplinarios, dimisiones, fallecimientos, jubilaciones o cualquiera de las bajas y las interrupciones, que no los ceses, de personal fijo-discontinuo. ¿Qué pasa con los temporales si el contrato acaba porque la obra o servicio también lo hace? No se considerará un incumplimiento, tampoco en caso de que "no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación".
"Este compromiso del mantenimiento del empleo se valorará en atención a las características específicas de los distintos sectores y la normativa laboral aplicada", señala, particularmente "las especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo". El texto no identifica ninguna actividad en concreto, pero el turismo en general, y la hostelería en particular, son claramente dos de candidatos al alivio en la prohibición de los seis meses.
Gobierno, patronales y sindicatos crearán una comisión tripartita para, precisamente, poner la lupa en las necesidades de cada sector a medida que aumente la desescalada. Es, según la ministra de Trabajo, una de las cuestiones "más trascendentes" del acuerdo. "Hemos tenido la delicadeza de dejar la puerta abierta para sectores que somos conscientes que a partir de junio también necesitan proyección y acompañamiento de los recursos de las administraciones públicas", explicó Yolanda Díaz en una entrevista en Onda Cero. El vicepresidente, Pablo Iglesias, alabó a través de Twitter la "enorme responsabilidad, la altura de miras y la capacidad" de todas las partes para primar "el interés general".
"Más que un acuerdo, es una actitud de corresponsabilidad y poner los problemas que tiene España por delante", alabó Unai Sordo, secretario general de CCOO. Su homólogo en UGT, Pepe Álvarez, remarcó la importancia de "dar continuidad" a la protección de "los casi 4 millones de trabajadores" en ERTE y "abrir una nueva negociación" en caso de que en junio se necesite por la situación de la pandemia.
CEOE y Cepyme recordaron que el proceso de recuperación será "lento", más incluso que "la propia desescalada". "Especialmente relevante es el hecho de que se abra de esta forma un nuevo proceso de negociación para ampliar el acompañamiento a las empresas y personas trabajadoras más afectadas más allá del mes de junio", destacaron en un comunicado conjunto. Las organizaciones presididas por Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva reclaman al Ejecutivo volverse a reunir "a la mayor brevedad" para "abordar sin demora las medidas necesarias y específicas" que requerirán los diferentes sectores para una "cobertura completa" de lo firmado.
