El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 avanzó ayer la voluntad del Ejecutivo de convertir en realidad "lo antes posible" un ingreso mínimo estatal para todos los hogares, para lo que ha reclamado el apoyo de todos los grupos a los presupuestos. En su primera comparecencia ante la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, a petición propia y también de los partidos PP, Cs, ERC y Vox, Pablo Iglesias esbozó las prioridades de su departamento, entre las que ha citado también un plan de choque para impulsar la dependencia y una ley de los Servicios Sociales.
"Será una prioridad absoluta del Gobierno implementar la prestación pública estatal que garantice un ingreso mínimo vital para todos los hogares", dijo Iglesias, ya que el sistema actual, gestionado por las comunidades, cuenta con bajos niveles de cobertura y funciona de manera "descoordinada y generando desequilibrios".El vicepresidente abogó por "la puesta en marcha de una prestación estatal de la Seguridad Social que mejore sustancialmente la implantación de una garantía de ingresos, como un derecho ciudadano para toda la población", en coordinación con el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social .
Iglesias asumió el compromiso de hacerse "cargo de la grave situación social" que atraviesa España, tal y como visibilizó el relator del ONU, para que en el futuro no volvamos a "sentir vergüenza" siendo la cuarta economía de la UE. Para ello, pidió la colaboración y el respeto de todos los grupos para "lograr que haya un poco de menos injusticia". "Tienen el deber de presionar a sus formaciones políticas" para que los asuntos sociales sean centrales en la negociación de las cuentas, resalta.
"España debe aumentar el gasto social, pero mejorando la eficacia redistributiva", defendió Iglesias. "La buena noticia -añadió- es que el sistema fiscal cuenta con amplios márgenes de mejora". El vicepresidente segundo manifestó su intención su intención de convertir a España en un "ejemplo mundial" de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pasando de "las buenas intenciones o del lavado social y verde de los poderosos" a un compromiso firme. Para ello, dijo se precisan unos "presupuestos coherentes y alineados con la Agenda 2030".
En este ámbito, ha agradecido el esfuerzo de la sociedad civil y de los movimientos sociales "por movilizarse durante estos años en la defensa de los derechos sociales y por tanto de la democracia".
