Con la declaración de López Uroz el juicio ha entrado en las cañerías del proceder de la multinacional. Según el escrito de acusación de Fiscalía, Pescanova SA contaba con "una red de sociedades instrumentales en España, sin vinculación aparente ni estructura suficiente para llevar a cabo actividad comercial relevante", que permitía a la pesquera generar facturación ficticia para obtener descuentos bancarios. Hasta el 84% de las ventas -facturación ficticia, para el Ministerio Público- tenían a una de estas doce sociedades como clientes. En este punto el ex responsable de Administración se mostró menos locuaz. "No le podían pasar desapercibidas. ¿Tenían almacenes, frigoríficos?? Sabe bien que no tenían empleados", le endosó Pavía. Para esta acusación fue Pescanova -con participación del departamento de Administración- quien ordenó constituir estas empresas precisamente para intercambiar operaciones de compra y venta. Entre 2007 y 2012 la firma que presidía Sousa computó ventas (ficticias o "aparentes") a estas empresas por 2.516 millones de euros, y compras por otros 2.214 millones de euros.
"Tenían un archivo de operaciones especiales -con estas sociedades- y otro de recompras. ¿Cuál es el negocio, vender y recomprar después?" Estas mismas empresas (Templeton Fish, Sieg Vigo, El Gran Sol de Altura, Jorfras?) son las que facilitaron ese intercambio permanente de deudas entre Pescanova SA y su filial Novapesca Trading; eran facturas de esta red las que canjearían, en principio, aquellos pasivos. La pesquera de Chapela "obtenía liquidez descontando en los bancos los efectos obtenidos en esas ventas ficticias y después proporcionaba fondos -a las instrumentales, con comisión- para que las mismas pudieran atender tales efectos a su vencimiento". Pescanova SA había acordado hasta pagar el impuesto de Sociedades de esta red; sus gestores también están imputados.
