Alfonso Paz-Andrade cesó como consejero delegado de Pescanova SA en 2003, se jubiló en septiembre de 2007 y cursó ante notario la baja de todos sus poderes en 2009. La gestión presuntamente fraudulenta de la compañía, que se dirime desde el 2 de diciembre en la Audiencia Nacional, empezó después. Es la línea que trazó ayer el exdirectivo para desmarcarse por completo de las prácticas que provocaron la quiebra del grupo, por la que se le piden doce años y medio de prisión. "Cuando se hizo efectiva mi jubilación ya nunca cobré de Pescanova, no tenía despacho, no volví por allí. Vivía en otra realidad", esgrimió en el turno de respuestas a su abogado, Gonzalo Rodríguez Mourullo. Fue en esta fase de la declaración en la que se mostró más rotundo y conciso. "Bajo ningún concepto va a aparecer ningún documento donde figure yo, es imposible. Ni remotamente conocía esas operaciones".
El fiscal Juan Pavía no rebajó el tono con el exconsejero de Pescanova, y volvió a recurrir a las actas de los consejos -los celebrados en las frenéticas semanas comprendidas entre el 27 de febrero y el 4 de abril de 2013- para buscar contradicciones en su discurso a fin de determinar si conocía o no de antemano la precaria situación económica de la empresa. Hizo hincapié el representante del Ministerio Público en la venta de las acciones que ordenó Paz-Andrade inmediatamente antes de la solicitud de preconcurso (entre el 11 y el 27 de febrero), por la que está acusado de uso de información relevante. De acuerdo al escrito de acusación se embolsó 5,81 millones, y evitó unas pérdidas de 3,4 (por el derrumbe posterior de la cotización). El empresario vigués aseguró haber destinado toda esa partida a la cancelación de pólizas de Ibercisa, auxiliar del naval, con "imperiosas necesidades económicas" y con un apalancamiento "insostenible". "Supongo que he perdido alrededor de 17 millones de euros", dijo, como resultado de la quiebra de la multinacional pesquera. Paz-Andrade está acusado de falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica y financiera, insolvencia punible y uso de información relevante.
