Casi tres sesiones completas de mañana y tarde, cerca de veinte horas de declaración. El expresidente de Pescanova y principal imputado por la quiebra de la compañía, Manuel Fernández de Sousa, dio por terminada su comparecencia en la Audiencia Nacional a falta de un minuto para las dos de la tarde. Cansado -malhumorado, de inicio-, el exdirectivo respondió a todas las preguntas formuladas por el fiscal, Juan Pavía, y a las de su letrado, Gonzalo Martínez Fresneda. Le seguirá su esposa, Rosario Andrade Detrell.

Sousa ha basculado su interpelación sobre los mismos pivotes que exhibió su abogado al inicio de este procedimiento, el 2 de diciembre: que ignoraba las "discrepancias" contables, que se vio forzado por la banca a utilizar mecanismos irregulares de financiación, que la auditora externa BDO tendría que haber detectado los errores y que nunca se lucró de su gestión. Adicionalmente, esgrimió, contaba dentro de su consejo con miembros hostiles que no quisieron dar un préstamo para salvar lo que se convertiría en la mayor quiebra no inmobiliaria de la historia empresarial española, con más de 3.600 millones de pasivo.

"Teníamos a una de las cinco mayores auditoras del mundo para decirnos si las cuentas estaban bien. Tuvimos que pedir una revocación al juzgado, y yo encargué un forensic a mí mismo para ver qué había pasado", respondió a una de las preguntas del Ministerio Público. "Aquí soy el mayor perjudicado, lo he perdido todo. En absoluto me lucré".