La autorización original a la presa de Ponte Inferno, ubicada en el río Verdugo a su paso por el concello de Soutomaior, se remonta a 1889. Fue luego una de las centrales explotadas por Eufer, la sociedad que compartieron Unión Fenosa y Enel para proyectos renovables. Por no existir, ni la antigua eléctrica de origen gallego tiene ese nombre ahora, ni la alianza entre dos de los gigantes energéticos que operan en España sigue adelante. La instalación, de 3,4 megavatios (MW) de potencia, está arrendada a Elecdey, propiedad del fondo de capital riesgo impulsado por Bankinter y Plenium Partners Asset Management. Por poco tiempo. Es una de las cuatro hidroeléctricas de la demarcación Galicia-Costa con los meses contados. La concesión expiró realmente en 2017, pero sigue en funcionamiento, a la espera de que la Xunta complete el expediente de reversión. Hay otras tres que van por el mismo camino y tres aprovechamientos más que nunca llegaron a construirse y para los que Augas de Galicia tiene abierto también el procedimiento de extinción.
En el primer grupo están, además de Ponte Inferno, las minicentrales de Fervenzas (río Vexo) y Castellana (río Mandeo), ambas de Enel, con 0,3 y 1,2 MW, respectivamente; y Salto de Güimil (río Lambre), a nombre de Naturgy. Desde la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade recuerdan "la complejidad" de los procesos de reversión de las concesiones hidroeléctricas. Lo destacó la propia directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez, en una reciente comparencia en el Parlamento. Cada concesión tiene "sus particularidades". "No es posible dar una solución general", remarcan en el departamento, que insiste en la necesidad de mirar "caso por caso" porque además es lo que marca la ley de aguas.
Los estudios técnicos exigidos en la normativa deben tener en cuenta la rentabilidad de la explotación para fines eléctricos, la situación en la que está la tecnología y otros aspectos "ambientales, jurídicos y de interés público". A esta última clave se agarran desde el equipo dirigido por Ethel Vázquez ante la posibilidad de que aquellas concesiones que, efectivamente, sean sostenibles económicamente, salgan de nuevo a concurso. No está decidido, aseguran, pero será "un modelo que revierta en el interés público". Lo que, por ejemplo, abre la puerta como sucede en otras concesiones a cobrar un canon a la adjudicataria.
El problema, sin embargo, es esa rentabilidad. Fuentes del sector aseguran que, a diferencia de la otra cuenca de la comunidad, la del Miño-Sil, de competencia estatal, son "muy, muy pocas" las hidroeléctricas con la concesión caducada o a punto de hacerlo que merezca la pena mantener activas. En esas situaciones, hay dos alternativas posibles: o la eliminación del salto para reinstaurar el cauce normal del río o rehabilitar la infraestructura para conservarla por su riqueza patrimonial.
En paralelo a estos cuatro expedientes, Augas de Galicia ya sometió a información pública los expedientes de extinción de tres viejos proyectos para nuevas minicentrales que nunca llegaron a levantarse y están invalidadas por el plan sectorial hidroeléctrico que entró en vigor en 2004. Son el aprovechamiento previsto por Norvento en el río Figueiras (2, 4 MW), el de Barcia en el río Ouro promovido por Hidroeléctrica de Ourol (1,7 MW) y el de Hidroeléctrica del baleo en el río Portorrosa (1 MW).
La administración autonómica sigue así los pasos dados por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, que tiene ahora mismo seis procesos de reversión en marcha, de los que tres (La Bomba, Vilasouto y Enviande) pertenecen a la parte gallega de la demarcación. Se ha hecho un estudio económico y técnico de cada uno, estimando las inversiones necesarias para seguir operando. Sobre la mesa están posibles plazos para los interesados en hacerse con ellas de entre 19 y 75 años, el máximo posible, a cambio de un canon por la producción anual.