A un ritmo de casi 600.000 nuevas viviendas al año, el sector inmobiliario estaba todavía en la cresta de la ola cuando Caixanova sustituyó a La Caixa en la financiación de uno de los desarrollos urbanísticos previstos en el entorno de Los Montecillos, en la localidad de Rivas-Vaciamadrid. La Comisión Delegada de la entidad dio vía libre el 27 de diciembre de 2007 a un préstamo de 67,1 millones de euros para la promotora Rivas ACI, controlada por las sociedades Copasa, Imasatec y Gestión Agesul. Los problemas de liquidez y solvencia de esta última obligaron al resto de los socios a asumir su porción de capital y las obligaciones como garante del crédito, que pasó por dos reestructuraciones tras los primeros impagos de los intereses en mayo de 2009. Lejos de solucionarse, la situación se complicó tanto que Caixanova optó por comprar los terrenos por 68,9 millones y subrogar la hipoteca, pero sin los controles adecuados, sobrevalorando las dos parcelas y con un perjuicio para la desaparecida caja gallega de 41,8 millones de euros, según la Fiscalía Anticorrupción y la juez Carmen Lamela de la Audiencia Nacional. La excúpula de Caixanova lo niega.
El que fue director de la División Comercial y uno de los encargados de revisar el crédito, Gregorio Gorriarán, defendió la relevancia de la operación por el negocio que suponía, y las buenas previsiones manejadas por la tasadora, ayer, durante el arranque del juicio contra él y otros tres antiguos directivos -el expresidente, Julio Fernández Gayoso, el director general, José Luis Pego, y el responsable de Riesgos, Domingo González Mera- por un supuesto delito de administración desleal continuada. Ahí está una de las claves de la acusación. Que ya en el momento de aprobar el préstamo, los informes de análisis de riesgos estaban "incompletos" y que los accionistas la promotora "presentaban también problemas de liquidez y solvencia, con un elevado endeudamiento financiero".
Los tasadores, según declaró Gorriarán, aseguraron que "el 75%" de los más de 400 pisos contemplados se iba a vender en construcción "y el resto no tardaría más de siete meses". "¡No voy a llevarle la contraria!", enfatizó, según aseguran fuentes presentes en el juicio, donde también negó que con esta operación se realizara "alguna excepcionalidad" con los promotores. "No se llevaron ni un duro", dijo.
Todas las decisiones, insistió, se tomaron pensando en facilitar el cobro de las deudas en algún momento. Incluida la segunda refinancición. La alternativa, según Gorriarán, era dejar caer a la empresa en concurso de acreedores, "lo que nos llevaría a un periodo de dos años en el que tendríamos que estar negociando con el interventor". "Fue lo mejor para la entidad", volvió a afirmar.
Los cuatro exdirectivos de Caixanova se enfrentan a una petición de cuatro años de prisión, que Abanca, personada como entidad heredera de la fatídica fusión de las cajas de ahorros gallegas, rebaja a tres. Para el propio Gorriarán, Gayoso y Pego, esta es la segunda ocasión que se sientan en el banquillo de la Audiencia Nacional. En octubre de 2015 fueron condenados a dos años de cárcel por las polémicas prejubilaciones millonarias. La defensa del cuarto acusado, González Mera, alegó en las cuestiones previas la posible prescripción de los hechos que se le imputan a su defendido, pero el tribunal, presidido por la juez Teresa Palacios, lo rechazó.
