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El juez dicta el auto de extinción colectiva de los 69 trabajadores de Factorías Vulcano

El ERE temporal, una opción "inviable"

Trabajadores de Vulcano en la entrada del astillero vigués // Ricardo Grobas

El juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, dictó este miércoles un auto en el que determina la extinción colectiva de contratos de los 69 trabajadores de Vulcano, que serán indemnizados, tal y como establece la legislación, con 20 días por año trabajado hasta un máximo de una anualidad. Según el auto el administrador concursal del astillero vigués solicitó la extinción colectiva de contratos el pasado 24 de julio y el período de consultas finalizó sin que hubiera acuerdo.

A ese respecto, los trabajadores solicitaban que se aplicara a la plantilla un Expediente de Regulación de Empleo temporal (ERTE), a la espera de que apareciese un inversor que pudiera mantener el empleo y la actividad industrial en Vulcano, que este año cumple 100 años. Sin embargo, en su auto, el magistrado expone que se cumplen los requisitos para determinar la extinción de los contratos: "Se dan las circunstancias objetivas económicas y de falta de productividad para la admisión de la solicitud de despido colectivo". El juez también señala que la aplicación de un ERE temporal es "inviable" por la "falta objetiva de productividad" y "la no existencia de expectativas reales de mantenimiento de la actividad, por no concreción de oferta alguna".

Liquidación

Entre lo pendiente con los proveedores, la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y las nóminas que no se pagaron a los trabajadores, Vulcano encara su liquidación con una deuda cercana a los 210 millones de euros. Siguiendo la Ley Concursal, los administradores han entregado al juez una propuesta para abrir un plazo de tres meses a los interesados en quedarse con las instalaciones, la unidad productiva, bajo la condición de un precio mínimo sobre el valor de liquidación, que asciende a 11,924 millones de euros. ¿Cuánto? Pues el 65%, unos 7,75 millones. Las ofertas por menos de eso "no serán tenidas en cuenta", apuntan los administradores, que reconocen que el proceso es "de una gran complejidad" por "la especial naturaleza de los activos, la importancia económica y social en la comarca, así como el monto importante de deuda". De ahí, añaden, su objetivo de "maximizar el resultado de las operaciones".

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