Galicia es la comunidad española con mayor índice de accidentes laborales mortales por cada 100.000 trabajadores en activo, con una media mensual de 0,403 durante el primer semestre de 2019, una cifra que duplica los 0,207 de la media estatal.
La gallega fue la tercera comunidad autónoma que registró más accidentes graves y mortales durante ese mismo periodo, con un total de 262. De ellos, 238 fueron graves -un 6,25% más que en el mismo periodo del año anterior- y 24 mortales, un 26,5% más, las cifras más elevadas después de Cataluña y Andalucía.
Los accidentes laborales leves también vieron incrementada su incidencia en un 3,6%, pasando de los 13.131 a los 13.616, según los datos divulgados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
De este modo, la comunidad gallega suma un total de 13.878 accidentes laborales durante los seis primeros meses del año -un 3,76 % más-, lo que la sitúa como la sexta con peores datos, solo por detrás de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y País Vasco.
Por sectores, la industria manufacturera registra las peores cifras, con hasta 4.028 accidentes laborales, seguida por la construcción, con 2.015; el comercio al por mayor y la reparación de vehículos a motor, con 1.934; el transporte y el almacenamiento, con 1.096, y la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca, con 1.088.
A estos datos, relativos a los accidentes de trabajo en jornada, se le suman los accidentes de trabajo "in itinere" -aquellos sufridos como consecuencia de la actividad laboral-, un total de 1.410 durante los seis primeros meses del año, con 1.377 leves, 28 graves y 5 mortales.
UGT-Galicia denunció ayer a través de un comunicado "la falta de voluntad de las administraciones y empresarios" para poner fin a la lacra de la siniestralidad laboral, "una importante barrera para el mercado laboral gallego".
"La barrera de la siniestralidad laboral es salvable y, en el corto plazo, mejorable", asegura la central sindical, que entiende que "hay medidas y medios que se pueden implementar" para reducir estas cifras.
Entre las medidas propuestas por el sindicato se encuentran la derogación de las reformas laborales, "que impidieron que todos los colectivos tengan el mismo grado de protección de su salud" o la reversión de la reforma del marco jurídico de las mutuas, "que solo sirvió para que estas invadiesen competencias de los servicios públicos".
