Acciona intentó deshacer la reversión al Estado de una central hidroeléctrica en el Pirineo aragonés que ya cuando se la compró a Endesa tenía la concesión caducada. Fue el segundo salto recuperado por la caducidad del permiso originario de 1932. La empresa reclamaba una prórroga hasta 2061 por los cambios que se fueron incorporando en la concesión, pero la Audiencia Nacional acaba de rechazar su petición.